Las sentencias del Tribunal Supremo que anulan el PGOU de Marbella cuestionan la política urbanística de la Junta de Andalucía.
Estas sentencias conllevarán la anulación de muchos otros PGOUs y la revisión de los que se encuentran en trámite
06/11/2015. Ecologistas en Acción de Andalucía

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado tres sentencias que fulminan el PGOU de Marbella y ponen en cuestión una parte importante de la política urbanística de la Junta de Andalucía.

En estos momentos hay 450 planes en tramitación cuya aprobación significaría su nulidad de pleno derecho, porque se están evaluando ambientalmente de forma fraudulenta, como el PGOU de Marbella, sin cumplir las normas de la Unión Europea (Directiva Europea 2001/42/C) de aplicación obligada en España desde 2004 y las leyes estatales que la incorporaron al ordenamiento jurídico español (Ley 9/2006 vigente en Andalucía hasta 2014 y la actualmente vigente Ley 21/2013). La Junta lleva una década incumpliendo la legislación europea, con consecuencias demoledoras en el urbanismo, en el medio ambiente y en la ordenación del territorio.

Y el conflicto se agrava a partir de 2008, año en que entra en vigor la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). En esa Ley, la Junta exime a los planes urbanísticos del cumplimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica de la directiva comunitaria, sin tener competencia para ello. Eran los tiempos de la burbuja y la Junta quería evitar que se obligase a justificar en serio los planes urbanísticos y a buscar alternativas realmente sostenibles al modelo de crecimiento inmobiliario desmesurado. Porque en el fondo, lo que se dirime es una cosa muy simple: evaluar la necesidad de hacer las cosas o no hacerlas. Y si se hacen, de qué manera hacerlas. A esto se han venido oponiendo sistemáticamente los ayuntamientos y la Junta de Andalucía que han venido aprobando planes con crecimientos urbanísticos tan desmesurados como injustificados, impidiendo una evaluación de su necesidad y de las alternativas a ese modelo especulativo. No han querido evitar crecimientos y ataques al medio ambiente que sólo han servido a intereses puramente económicos de los grandes promotores urbanísticos, frente al bien común de cubrir las necesidades reales de la gente. El resultado ha sido, casas sin gente y gente sin casas.

Y ahí, ningún promotor, alcalde o partido (salvo excepciones) han estado dispuestos a ceder... y menos por razones ambientales, aunque para ello haya que pasar por encima de los mandatos constitucionales de la prohibición de la arbitrariedad y el uso racional de los recursos (artículos 9 y 45 de la Constitución). El catastrófico resultado socioeconómico a la vista está. Y todo ello se ha llevado a cabo con pleno conocimiento de causa, pues ya hay sentencias contundentes anulando PGOUs y planes parciales. Además, Ecologistas en Acción ha alegado y recurrido multitud de planes por no haberse sometido a esta Evaluación Ambiental Estratégica, ni se habían realizado las consultas previas para diseñar el modelo de ciudad; la respuesta de los/las máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) ha sido sostenella y no enmendalla, demostrando una absoluta prepotencia, desprecio a la legalidad y a los ciudadanos, y complicidad sin límites con los especuladores urbanísticos. Para más inri, el pasado mes de mayo las direcciones generales de Prevención y Calidad Ambiental y de Urbanismo de la CMAOT aprobaron una Instrucción conjunta para que las delegaciones provinciales y los correspondientes departamentos técnicos obviaran el someter los PGOUs en trámite a la normativa de Evaluación Ambiental Estratégica.

Todos los planes urbanísticos tramitados o aprobados en Andalucía desde el año 2006 están viciados de nulidad. Ecologistas en Acción tiene recurridos por vía administrativa o judicial decenas de tramitaciones de planes y modificaciones urbanísticas –en Jaén, Chiclana, Córdoba, Carmona, La Puebla de Cazalla, Arahal, Bormujos, Salteras o Morón de la Frontera- que con la jurisprudencia existente serán también anulados.

Y otro de los varapalos de estas sentencias del TS incide sobre la legalización por la modificación del planeamiento de lo ilegalmente construido, otro de los clásicos puntos fuertes de la política urbanística de la Junta, y que está suponiendo un auténtico desastre ambiental, social y económico consentido. Primero se deja hacer y luego se modifican los planes para legalizar, y así tenemos no sólo las 16.000 viviendas de Marbella, sino las 500.000 viviendas ilegales existentes en el campo andaluz. Esta sentencia pone en tela de juicio la legalidad del Decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo rústico actualmente en curso, que en la práctica es una amnistía para los delincuentes urbanísticos.

Ecologistas en Acción advirtió recientemente por escrito al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a su gabinete jurídico que se podrían estar cometiendo delitos de prevaricación si se seguían aprobando planes urbanísticos sin someterse a la normativa comunitaria y estatal. También pueden estar incurriendo en sendos delitos de prevaricación con las modificaciones de normas legales para posibilitar la legalización de viviendas y urbanizaciones que los tribunales han dictaminado que son ilegales, y que por tanto lo que procede es su demolición.

Para su construcción se han invertido cientos de millones, pero hoy están prácticamente en desuso o a medio hacer. Aeropuertos sin viajeros, autopistas sin coches, palacios de congresos sin actos que celebrar ¿Sirven para algo esas grandes infraestructuras levantadas con dinero público? "¿Nos lo podíamos permitir?"

• Comando Actualidad - ¿Nos lo podíamos permitir?

La Fundación Biodiversidad acaba de editar el “Manual para la integración del medio ambiente en proyectos de desarrollo” destinado especialmente a técnicos de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la cooperación internacional al desarrollo (ONGD).
15/09/2011. Ecoticias

Esta guía eminentemente práctica elaborada por la Fundación IPADE pretende ayudar a compatibilizar la misión específica de cada proyecto con la conservación de los recursos naturales.

La publicación forma parte de un programa de actuaciones en este sentido, puesto en marcha por la Fundación Biodiversidad (FB) en 2009, con la intención de revertir la idea del medio ambiente como una ‘externalidad’.

La FB se propone, concretamente, intensificar la capacitación de los profesionales y voluntarios de la cooperación para la integración de la sostenibilidad ambiental en las iniciativas de la Cooperación Española. En este caso, a través de un manual que acerca a las ONGD las herramientas necesarias para contemplar el componente de la protección del entorno en todas las fases de ejecución de dichos proyectos.

El fin último de la Fundación Biodiversidad es, por tanto, avanzar hacia el desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo, a través de actuaciones que incorporen la variable ambiental en las intervenciones de cooperación.

El manual se ofrece, pues, como una herramienta para la adaptación de las distintas fases , de principio a fin de cada proyecto, desde la evaluación de las condiciones ambientales de partida en los países en los que se interviene y la identificación de las necesidades locales en la materia, justamente en casos de proyectos que carezcan de carácter netamente ambiental, al ajuste de las actuaciones a los criterios básicos para la sostenibilidad de los recursos.

Su contenido servirá de orientación al usuario para establecer y fijar objetivos así como realizar una correcta identificación de los problemas ambientales. De esta forma podrá valorar de forma íntegra las relaciones entre ecosistemas, presiones socio-económicas e impactos. El manual tiene carácter práctico ya que será la guía a utilizar tanto en las distintas etapas de un proyecto (identificación, formulación, ejecución, evaluación) como en los proyectos de temática principalmente ambiental.

Así, brinda una batería de herramientas para dar respuesta a la cuestión de la integración del medio ambiente como variable transversal. Se presenta, a tal fin, el modelo SABA (Suelo, Agua, Biodiversidad y Atmósfera), se ofrecen herramientas de análisis de agentes sociales y de problemas ambientales así como de análisis espacial y temporal.

Para descargar el manual:

http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/mediateca/manual_fb_ipade.pdf

www.fundacion-biodiversidad.es

Acuerdo de 3 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.

Para aunar las acciones con respecto a los criterios, limitaciones y oportunidades de la sostenibilidad en Andalucía, partiendo de la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2006, sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano (COM [2005] 718 final, no publicada en el Diario Oficial) y de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local, próxima a aprobarse por la Administración del Estado, se ha puesto en marcha un proceso para elaborar la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.

En cuanto al procedimiento seguido, la presente Estrategia ha sido elaborada por la Consejería de Medio Ambiente e informada por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente. En lo que respecta a la participación ciudadana, y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se ha garantizado la participación de la ciudadanía en la elaboración de la Estrategia. Así, han participado en la misma representantes de todos los sectores de la sociedad, organizaciones sociales, económicas y de participación: confederaciones y federaciones de asociaciones ecologistas, organizaciones sindicales, organizaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, organizaciones empresariales, representantes de municipios y provincias, comunidad docente e investigadora y colegios oficiales profesionales relacionados con la materia.

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ÍNDICE

1. PREÁMBULO

2. ANTECEDENTES

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA

4. CIUDAD Y TERRITORIO

4.1. Objetivos.

4.2. Propuesta marco: impulsar el modelo territorial contenido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía basado en la cohesión, el equilibrio territorial, la cooperación y la sostenibilidad.

4.3. Líneas de actuación.

5. DESARROLLO URBANO

5.1. Objetivos.

5.2. Propuesta marco: construir una ciudad para la convivencia y la calidad de vida.

5.3. Líneas de actuación.

6. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

6.1. Objetivos.

6.2. Propuesta marco: crear proximidad para desplazarse menos y fomentar los medios no motorizados y los transportes públicos.

6.3. Líneas de actuación.

7. EDIFICACIÓN

7.1. Objetivos.

7.2. Propuesta marco: responder a las necesidades de ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos en un marco de derecho de acceso a la vivienda y un nuevo concepto de habitabilidad.

7.3. Líneas de actuación.

8. EL METABOLISMO URBANO: LA CONSIDERACIÓN DE LOS FLUJOS DE RECURSOS NATURALES QUE ALIMENTAN AL SISTEMA URBANO

8.1. La energía.

8.2. El ciclo urbano del agua.

8.3. Una gestión de residuos más sostenible.

8.4. La información.

9. LA BIODIVERSIDAD Y EL ESPACIO LIBRE EN LOS SISTEMAS URBANOS

9.1. Objetivos.

9.2. Propuesta Marco: el espacio libre como factor de calidad de vida y sostenibilidad ambiental en las áreas urbanas.

9.3. Líneas de actuación.

10. LA GESTIÓN URBANA

10.1. Objetivos.

10.2. Propuesta marco: potenciar la participación para ser más sostenibles sin perder complejidad ni cohesión social.

10.3. Líneas de actuación.

05/05/2011. Blog Ecourbano

El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (descargar pdf) y el Sistema de Indicadores y Condicionantes para ciudades grandes y medianas (descargar pdf), aprobados el pasado 25 de noviembre de 2010, suponen un estándar para medir el grado de sostenibilidad de los municipios españoles. Estos indicadores permiten evaluar y cuantificar aquellas acciones orientadas auna transformación urbana, ya sean de rehabilitación o de nueva construcción, y además introducen la posibilidad de simplificar grandes cantidades de datos municipales y comparar los resultados con los de otros municipios. De esta manera, este sistema de indicadores permite a las ciudades ajustar sus funcionalidades y minimizar sus disfunciones según las nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales. La buena gestión y la correcta toma de decisiones por parte de los municipios es crucial para mejorar la habitabilidad de las ciudades y, en definitiva, la calidad de vida de sus ciudadanos.

Ambos sistemas de indicadores de sostenibilidad fueron desarrollados por el Grupo de Trabajo de Indicadores de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible -que aglutina actualmente a 2.706 municipios adscritos a la Agenda 21 Local-, se aprobaron en la Reunión del Grupo de Trabajo celebrada en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 10) en Madrid. Este Grupo de Trabajo de la Red de Redes ha contado con la participación de 14 redes de municipios, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Ministerio de Fomento (sustituyendo al antiguo Ministerio de Vivienda), coordinados técnicamente por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

Los documentos aquí publicados son documentos de trabajo, es decir, están sujetos a revisión según las diferentes experiencias de aplicación y resultados de los indicadores por parte de los municipios. Por ello, se debe tener en cuenta que los indicadores expuestos no son necesariamente definitivos.

El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad representa un estándar de indicadores que permite medir el grado de sostenibilidad de cualquier municipio de España bajo los mismos criterios. Esto facilita, entre otras cosas, la comparación de datos entre diferentes municipios y constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones y para elaborar un diagnóstico sobre el grado de sostenibilidad de un municipio.



Descarga el documento Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (pdf, 456 Kb, 34 pág.)

El Sistema de Indicadores y Condicionantes para ciudades grandes y medianas está específicamente dirigido a aquellas ciudades con una población de más de 50.000 habitantes. Este sistema prioriza indicadores que recogen la complejidad propia de la organización de la ciudad –por ejemplo, en cuanto a información y diversidad de usos y actividades-, complejidad que se refleja tanto en la recogida de datos como en las herramientas necesarias para optimizar el uso de sus recursos. Además, ciertos indicadores varían al aplicarlos a menor o mayor escala, como sucede por ejemplo con el indicador de acceso a superficies verdes, que presenta valores mucho mayores en pueblos o ciudades pequeñas.



Descarga el documento Sistema de Indicadores y Condicionantes para ciudades grandes y medianas (pdf, 2,76 Mb, 82 pág.)

Modelo de ciudad más sostenible

Los sistemas de indicadores recogen el grado de acomodación al modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. La selección de los indicadores responde a cuatro criterios básicos: la relevancia en el marco del modelo de pueblos y ciudades sostenibles, la evaluación para medir el progreso hacia los objetivos, la coordinación para la comparación entre territorios y la viabilidad en cuanto a la disposición de información de base. En cada uno de los indicadores se especifica la fase de aplicabilidad del mismo, que puede ser durante el planeamiento, la urbanización/construcción o el uso.

Tras el análisis comparado de diversos sistemas urbanos, el modelo urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es la ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente[1]. El urbanismo ecológico adopta este modelo tanto en la transformación de tejidos existentes como en el diseño de nuevos desarrollos urbanos.

El modelo urbano más sostenible recoge un enfoque sistémico de la relación ciudad-medio y los elementos que lo componen. Se estructura en ocho ámbitos que, a su vez, se insertan dentro de los cuatro criterios básicos mencionados anteriormente: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la cohesión social.

La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, el porcentaje de espacio verde o de viario. Determina la proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este eje, lo acompaña el modelo de movilidad y espacio público y el modelo de ordenación del territorio derivado.

El espacio público es el elemento estructural de un modelo de ciudad más sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de equipamientos y espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la vida social y de relación. La calidad del espacio no es sólo un indicador relacionado con el concepto de compacidad, sino que al mismo tiempo es indicador de estabilidad.

La complejidad atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos y funciones implantadas en un determinado territorio. La complejidad urbana es el reflejo de las interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes organizados, también llamados personas jurídicas: actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones.

La complejidad está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden, mezcla íntima que, en los sistemas urbanos, se puede analizar en parte, haciendo uso del concepto de diversidad. Los organismos vivos y sobre todo el hombre y sus organizaciones, son portadores de información y atesoran, de forma dinámica en el tiempo, características que nos indican el grado de acumulación de información y también de la capacidad para influir significativamente en el presente y controlar el futuro.

Las estrategias urbanas que permiten incrementar el índice de diversidad son aquellas que buscan el equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir de la definición de los condicionantes urbanísticos. Se trata, entre otros objetivos, de acercar a las personas a los servicios y a los puestos de trabajo, entendiendo que con ello se reduce, desde el punto de vista de la energía, el consumo de esta. Indicadores como los de autocontención (población ocupada que trabaja en el mismo municipio) y autosuficiencia (puestos de trabajo en el municipio ocupados por residentes) permiten conocer el grado de proximidad entre residencia y trabajo.

En cortes temporales sucesivos, los indicadores de complejidad (diversidad) muestran la madurez del tejido urbano y la riqueza del capital económico, del capital social y del capital biológico.

La eficiencia es el eje relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos de materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano para mantener su organización y evitar que sea contaminado. La gestión de los recursos naturales debe alcanzar la máxima eficiencia en el uso con la mínima perturbación de los ecosistemas.

En el ámbito de la energía, se debe planificar un nivel mínimo de generación de energía renovable y un determinado grado de autosuficiencia energética que combine la generación y las medidas de ahorro y eficiencia.

Es imprescindible vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su expresión local (captación de agua de lluvia, reutilización de agua utilizada, etc.). En una gestión integrada, tanto a escala local como a escala de cuenca de los recursos disponibles, se busca la máxima autosuficiencia hídrica que combine también las medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia.

El modelo de gestión de residuos diseñado con criterios de sostenibilidad, deberá procurar la reducción de la explotación de recursos (materiales y energía a extraer) y, al mismo tiempo, reducir la presión por impacto contaminante. El objetivo será el máximo control local de la gestión de recursos y residuos.

La cohesión social atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema urbano. La mezcla social (de culturas, edades, rentas, profesiones) tiene un efecto estabilizador sobre el sistema urbano, ya que supone un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. El análisis de la diversidad nos muestra quién ocupa el espacio y la probabilidad de intercambios y relaciones entre los componentes con información dentro de la ciudad. En cambio, la segregación social que se produce en ciertas zonas de las ciudades crea problemas de inestabilidad como son la inseguridad o la marginación. En estos espacios se constata una homogeneidad en las rentas que influye en el resto de aspectos, incluidos en la idea de diversidad y cohesión.

El éxito en la planificación permitirá que el espacio público sea ocupado por personas de diferente condición, facilitando el establecimiento de interacciones entre ellas, posibilitando de esta manera la disminución del conflicto, lo que determina la estabilidad y madurez de un sistema.

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de vivienda destinados a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados a partir de la ubicación estratégica de elementos atractores, la priorización de las conexiones para peatones o la accesibilidad de todo el espacio público para personas con movilidad reducida, son elementos clave para no excluir a ningún grupo social y garantizar las necesidades básicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, etc.

22/04/2011. El País. Javier Ayuso

El tema propuesto para el debate de esta semana ha llevado a los expertos de “economismo” a plantear posibles medidas para reducir, e incluso eliminar la corrupción. Todos están de acuerdo en que la corrupción es un fenómeno que afecta tanto al plano institucional, como al cultural y que produce efectos económicos muy negativos para los países. Por eso, proponen medidas que ataquen los tres elementos.

Aquí van las recetas de los expertos:

Mauro Guillén: Es posible reducir y eliminar la corrupción siempre que se tenga voluntad política y social para lograrlo. Hay factores que ayudan, como una prensa libre, tribunales independientes y mayor apertura comercial. Además, en los países en dónde hay más mujeres en puestos políticos hay menos corrupción.

Manuel Escudero: La corrupción añade un 10 por ciento el coste total de los negocios. Además, añade costes de incertidumbre y distorsiona las operaciones de empresa. En España hay dos focos sistémicos sobre los que actuar: las donaciones a partidos y las decisiones de desarrollo urbanístico.

José Ignacio Wert: Hay dos dimensiones en la corrupción: la institucional y la cultural. Hay falta de incentivos para obrar de otra manera, porque no hay sanción electoral clara. La corrupción se instala con mayor facilidad en los mesogobiernos que no controlan las estructuras centrales de los partidos.

José Luis Martínez: Hay un componente cíclico en la corrupción. El periodo de gran moderación de los últimos diez años la ha favorecido. La sociedad debe imponer a los políticos que luchen contra la corrupción.

Guillermo de la Dehesa: La forma más rápida de acabar con la corrupción y, de paso, con el tráfico de drogas, de mujeres y niños, de órganos humanos, de armas, etc. Es dejar de emitir billetes de denominaciones altas en dólares, euros, francos suizos, libras, yenes y otras monedas relevantes.

José Carlos Díez: El mayor coste económico es que la corrupción pervierte la eficiente asignación de recursos en una economía de mercado, ya que no gana el contrato mejor, sino el que más soborna y los costes en términos de crecimiento potencial son desproporcionados.

Santiago Carbó: No solo hay que conocer el nivel real de corrupción, sino cómo es percibida por los ciudadanos. En España, mejorar el sistema de incentivos es prioritario para que haya la conciencia social adecuada para desarrollar actividades empresariales y que no se dañe la percepción exterior del país.

Rafael Myro: La crisis económica actual es producto de esta alteración del esquema de valores, de las que se descubren cada día nuevas manifestaciones, no solo en el ámbito del sector público, sino también del privado.

Un plan urbanístico integrará nueve ciudades en el área de Guangzhou para dar lugar a un gigante económico y demográfico de 42 millones de habitantes.
26/01/2011. Spanish.China

Nueve ciudades del delta del río de las Perlas se fundirán para dar lugar a una megalópolis que en un periodo de 12 años alcanzará los 42 millones de habitantes y más de 41 mil kilómetros cuadrados -casi la superficie total de países como Holanda o Suiza- convirtiéndose en la mayor ciudad del planeta.

Tal es el objetivo de un plan urbanístico presentado por las autoridades locales y aprobado por el Consejo de Estado chino ya en 2009. El proyecto incluye 150 grandes obras de infraestructura que buscan mejorar las conexiones entre los núcleos urbanos de la zona, así como el suministro energético, los recursos hídricos y las telecomunicaciones. Las inversiones alcanzarán más de 270 mil millones de dólares.

El proyecto incluye las ciudades de Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhuhai, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing y Huizhou. Cabe destacar también la proximidad de Hong Kong y Macao.

También se aplicarán reformas orientadas a lanzar la economía, que incluyen incentivos fiscales. En la actualidad, el conjunto de las nueve ciudades agrupadas suponen el 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) de China, por lo que la relevancia económica de la nueva megalópolis es extrema, con áreas como Shenzhen, una de las ciudades más ricas de todo el país y capital de las industrias de alta tecnología.

El plan está dirigido a relanzar el valor de la zona, que en los últimos años ha ido perdiendo esplendo por la competencia de otras regiones del país, como Shanghai y el delta del Yangtsé o la zona de Bohai, al norte del país, que incluye Pekín y Tianjin. La competencia entre las ciudades y regiones del país se ha convertido en una manera de avivar la economía y el desarrollo de la nación, fomentada por el propio Gobierno central.

Las proporciones del fenómeno urbano en China son impresionantes. Numerosas nuevas ciudades aparecen por todo el país casi cada año y el flujo de población rural hacia los centros urbanos tiene proporciones míticas que hacen del proceso de urbanización actual de China el mayor y más rápido de la historia de la humanidad.

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El Libro establece 112 criterios para alcanzar un desarrollo más sostenible, realiza un análisis de toda la normativa vigente en planeamiento urbanístico e incluye un Decálogo con propuestas clave para reducir la insostenibilidad. El trabajo ha sido coordinado por el Ministerio de Vivienda y elaborado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de académicos y profesionales.

El documento está dirigido a quienes deben tomar las decisiones en el ámbito municipal, “de la manera más eficiente posible” y en línea con los objetivos del Gobierno, como es la rehabilitación y la regeneración urbana integrada, según explicó la Ministra. Beatriz Corredor añadió que es el momento de “hacer más con menos”, en un tiempo en el que en todo el mundo se impone la vuelta a la austeridad, buscando la máxima eficiencia de los recursos públicos.

Pedro Castro señaló que el Libro Blanco recoge buena parte del trabajo que la FEMP y el Ministerio habían esbozado con la puesta en marcha de una estrategia común para intervenir en el territorio desde una nueva cultura urbanística y afirmó que con las recomendaciones, estrategias e indicadores que recoge este libro, “estamos más cerca de hacer realidad el principio de desarrollo urbano sostenible”.

El Presidente de la FEMP afirmó también que hay que buscar mecanismos que permitan reducir el impacto en nuestro entorno o, dicho de otro modo, de lo que se trata es de “crecer menos, para crecer mejor”, siguiendo los principios de la “Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles”.

Los Gobiernos Locales, según apuntó, apuestan por la rehabilitación y el reciclaje urbano como principal instrumento de transformación de la ciudad, para construir un nuevo modelo que potencie la proximidad y la calidad de vida.

En este camino hacia el futuro, dijo, se puede contar con los Gobiernos Locales, por su gran responsabilidad en la aplicación de políticas consensuadas, con la Administración Autonómica y la Estatal.

Criterios de sostenibilidad

El Libro Blanco detecta las carencias y deficiencias que están limitando el desarrollo urbanismo más sostenible y establece una serie de criterios o indicadores de sostenibilidad, agrupados en siete grandes bloques que tienen que ver con el planeamiento: el entorno de la ciudad, el suelo urbano, el transporte, los recursos, los residuos, la cohesión social y la participación y la gobernanza.

A la luz de estos criterios, el Libro Blanco analiza su reflejo en la normativa vigente que desarrolla el planeamiento urbanístico en España para detectar las diversas estrategias que permitan reducir la insostenibilidad y favorecer su traslación a ámbitos concretos de actuación. De ese estudio, se puede extraer las siguientes conclusiones:

Destaca el tratamiento amplísimo por parte de todas las CC.AA. de los criterios relativos a las actuaciones sobre el entorno de la ciudad (preservación de los ecosistemas, el respeto al paisaje y la reducción en el consumo de suelo). También sobresalen los criterios relacionados con fomentar la transparencia administrativa y el acceso a la información, si bien el gran ausente es la participación activa de los ciudadanos en la toma de las decisiones estratégicas o en la aprobación de los Planes Urbanísticos.

Por el contrario, las referencias legislativas son ocasionales en otros bloques:

• Cohesión social. Es un bloque escasamente regulado. Se legisla acerca del momento del acceso a la vivienda y la identificación de la población con su entorno (mediante la protección del patrimonio) pero aspectos tan relevantes como mejorar la oferta de equipamientos y servicios en cada barrio y fomentar la mezcla de usos en cada uno de ellos, permitiendo lo que se llama "las actividades de proximidad" para los vecinos, son casi inexistentes en la mayoría de las normas autonómicas.
• Criterios de actuación en suelo urbano. Pese a estar asumido en Europa un modelo de ciudad compacta y compleja, las CC.AA. no plasman esta idea en su legislación, salvo por lo que se refiere a sub-criterios puntuales como el fomento de la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la exigencia de estándares mínimos de zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.
• Criterios de actuación en temas de transporte. La legislación autonómica hace hincapié en la reducción del tráfico motorizado privado para favorecer el uso del transporte público. Sin embargo, están menos regulados aspectos importantes como la construcción de redes peatonales y ciclistas, aumentar el espacio disponible para el peatón o reducir la velocidad del tráfico motorizado privado.
• Criterios de actuación en cuanto a recursos naturales. Las mayores referencias legislativas se refieren a optimizar y reducir el consumo de energía y de los recursos naturales (básicamente el agua) y fomentar el uso de energías renovables. Sin embargo, no se desarrolla con la misma intensidad la necesidad de adaptar los edificios a condiciones bioclimáticas, utilizar materiales reciclables en la construcción o fomentar el uso compartido de las galerías de servicios (para gas, electricidad, telefonía, etc.), reducir las pérdidas de energía en las redes de difusión, etc.
• Tratamiento de residuos. Este bloque está más desarrollado legislativamente, destacando principalmente la reducción de vertidos contaminantes y de los residuos por medio de su gestión así como el fomento del reciclaje y la reutilización.

Decálogo para un urbanismo sostenible

El Libro Blanco incluye un decálogo, que reúne las propuestas clave para conseguir un planeamiento urbano más sostenible. Se trata de unas recomendaciones generales en los siguientes frentes:

• Promover el uso eficiente de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado que enfrenta viviendas sin uso a personas sin vivienda. Es necesario promover el equilibrio en el sector inmobiliario, incentivando la rehabilitación y utilizando parte del stock de inmuebles para aumentar el parque de vivienda asequible
• Vincular la legislación urbanística con la ambiental, es decir, el planeamiento urbanístico y la perspectiva medioambiental.
• La ruptura del nexo que une el planeamiento urbanístico con el derecho de propiedad. El Plan no es un instrumento para distribuir los valores monetarios del suelo, sino para fijar estrategias de futuro en las ciudades. Esto ayudará a luchar contra la especulación y la corrupción.
• Hacer depender la gestión de los Planes no sólo del estricto ámbito territorial (regional o local), sino de todas sus afecciones socioeconómicas y ambientales, así como dotarse de ámbitos administrativos mucho más flexibles que los que tenemos.
• Relacionar de verdad la planificación territorial y la urbanística y conseguir una implicación y participación ciudadanas reales.
• Cambiar determinadas características de los Planes, entre ellas el horizonte temporal tan corto de ocho o diez años, para lograr objetivos de sostenibilidad global a largo plazo, como el cambio climático.
• Hacer un verdadero seguimiento de la ejecución de los planes en relación con los cambios producidos en el territorio. Los observatorios territoriales deberían ser cruciales aquí, y además de su contenido analítico y descriptivo, deberían añadir cierta capacidad de decisión.
• Recuperar la pérdida de la conciencia ciudadana y del interés de éstos por participar en el diseño y en el futuro de las ciudades, más que en concretas operaciones urbanísticas. Ayudar con información, educación, campañas de difusión e incentivos de participación.
• Utilizar indicadores y criterios de sostenibilidad comúnmente aceptados en el planeamiento urbanístico.
• Necesidad de cambiar el modelo inmobiliario español, claramente insostenible y poco habitable. Lograr el necesario acuerdo de todas las Administraciones Públicas para conseguirlo.

29/12/2010. El País
Por: Anatxu Zabalbeascoa

¿Dónde acaba una ciudad y comienza otra? Hoy los límites son administrativos, artificiales, pero el filósofo, y exalcalde de Venecia, Massimo Cacciari sostiene que el doble deseo de la ciudad como “madre y regazo” y, a la vez, como “máquina e instrumento” marca la contradicción intrínseca que se da en las urbes. Llegar a ellas buscando paz y seguridad y solicitarles eficacia y movilidad es imposible. Por eso para él la ciudad, y su historia, es el experimento para dar forma a esa contradicción. Lo explica en un libro, La ciudad (Gustavo Gili, 2010), en el que Moisés Puente ha traducido un serie de ponencias en las que Cacciari viaja de la polis griega hasta el “antiespacio” -con casas como sensores- que describió William J. Mitchell en su libro City of bits. Adelanto algunas de sus reflexiones:

-“No existe la ciudad, sino que existen diversas y diferenciadas formas de vida urbana. (…) La polis se refiere a la sede, morada y lugar donde tiene su raíz una gente. La civitas romana la forman un conjunto de personas que se reúnen para dar vida a una ciudad y se someten a las mismas leyes” (…) Las ciudades griegas no pueden absorber ni integrar lo distinto. En Roma, uno ostentaba el título de ciudadano cuando acordaba someterse a unas leyes. Lo que mantiene unidos a los ciudadanos es encontrarse bajo una misma idea, es más, bajo una misma estrategia.

-“La gran idea romana que ha entrado en el ADN de Occidente es hacer de la orbis una urbs a fin de que el círculo mágico que apresa los límites de la ciudad coincida con el del mundo en toda su dimensión espacial y temporal”.

-“El carácter fundamental de la civitas consiste en crecer. No hay civitas que no se dilate, que no de-lire (la huella es el surco que delimita la ciudad, delirio es ir más allá de los límites).

-“Los griegos fueron casi exclusivamente monolingües a lo largo de su historia, en cambio el Imperio romano es programáticamente bilingüe.”

-La iglesia es como la civitas. “San Agustín dice que en su peregrinaje la Iglesia acoge en su seno sin atender a las diferencias étnicas, de lengua o costumbres”.

-“Cuando la ciudad defrauda demasiado y se convierte únicamente en un negocio, entonces comienzan las huidas de la ciudad tan bien recogidas en nuestra literatura”.

-¿Qué le pedimos a una ciudad? ¿Espacios sin obstáculos para el movimiento y el intercambio o lugares de comunicación y simbolismo para el ocio? Ambas cosas. Nuestra postura parece cada vez más esquizofrénica. “Se trata de una contradicción tan fuerte que podría ser la premisa de cualquier nueva creación. Así ocurrió también en la disolución de la forma urbana del mundo antiguo”. (…) “Es mejor hacer proyectos de arquitectura y urbanismo que evidencien ante el público el carácter contradictorio de la pregunta”.

-“Kioto, Shanghai y Pekín fueron megalópolis en tiempos en los que París y Londres eran aldeas. Pero han permanecido relativamente estables durante siglos”. (…) “En su momento, las formas de la ciudad eran diferentes. Ahora solo hay un único proceso de disolución de toda identidad urbana”.

-“En el centro histórico la memoria se convierte en museo, dejando así de ser memoria, porque ésta tiene sentido cuando es imaginativa, de lo contrario se convierte en una clínica donde llevamos nuestros recuerdos. Hemos “hospitalizado” nuestra memoria, así como nuestras ciudades históricas, haciendo de ellas museos”.

-“El habitar no se produce donde se duerme y de vez en cuando se come, donde se mira la televisión y se juega con el ordenador. El lugar de habitar no es alojamiento. Sólo una ciudad puede ser habitada”. “No es posible habitar una ciudad si ésta no proporciona lugares. La música no se produce sin el silencio”.

-“¡El espacio se venga de nuestro deseo de ubicuidad! Ya no nos movemos por las ciudades a causa de problemas de tráfico”.

-“La ciudad se encuentra por todas partes, luego ya no hay ciudad. Ya no habitamos ciudades sino territorios (entran ganas de utilizar una etimología errónea. Territorio, de terreo, tener miedo, mostrar terror).

-“Es imposible construir lugares con valor simbólico en un espacio posmetropolitano. Se necesita quizá comenzar a proyectar en voz baja, modestamente, ‘yendo de paisano’”.

Los afectados crean una plataforma y acuerdan concentrarse mañana ante la Subdelegación.El Consistorio ofrece VPO en alquiler a desalojados que derriben sus casas si son primera vivienda.
15/12/2010. Diario Córdoba. Juan M. Niza

La Gerencia de Urbanismo empezará a revisar las 360 viviendas inundadas en el Córdoba "en cuanto se quiten los lodos y se pueda entrar", anunció ayer el teniente de alcalde Francisco Tejada. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, que no quiso adelantar una estimación del número de edificios que habrán sufrido daños irreversibles, recordó que con la inundación de febrero fueron declaradas en ruina un total de veinte construcciones entre naves, cobertizos, edificios agrícolas, viviendas y otras instalaciones, para las que después Urbanismo se negó a dar permiso para reedificar. Hay que tener en cuenta que la inundación de la pasada semana, la segunda en menos de diez meses, puede haber multiplicado los daños estructurales que sufrieron en febrero las viviendas.

DERECHO A VPO DE ALQUILER Por otra parte, Tejada explicó ayer cómo se materializará uno de los acuerdos tomados en la reunión del lunes entre la Junta, el Gobierno central y los ayuntamientos afectados: el uso de una ayuda de la Junta para que los desalojados puedan acceder a una VPO en régimen de alquiler.

Tejada explicó que se facilitará el acceso a una vivienda protegida de alquiler (cuyas mensualidades pagaría el beneficiado) siempre que se cumplan tres condiciones: que la casa del desalojado sea primera vivienda, que costee de su bolsillo la demolición del inmueble y que tenga derecho por sus ingresos a acceder a una VPO, tres circunstancias que restringirán enormemente el número de beneficiados aunque, "lo que se trata es de ir dando soluciones y alternativas a los ciudadanos que se ven en esta circunstancia", dijo el responsable de Urbanismo.

Por otra parte, fuentes municipales informaron de que en esta ocasión, y al contrario de lo que se hizo en febrero, el Ayuntamiento no abrirá en alguna de las parcelaciones afectadas una oficina de auxilio inmediato y de información sobre los trámites para obtener las ayudas de la Administración central.

PLATAFORMA VECINAL Capítulo aparte, un numeroso grupo de afectados de Fontanar de Quinto, Majaneque, la Forja, San Isidro, La Altea y Guadalvalle constituyeron ayer una plataforma para reivindicar, en primer lugar, las ayudas a la que tienen derecho los damnificados y "que no llegaron a nadie con la inundación de febrero", dijo el portavoz de la entidad, Julio Cortés.

La plataforma, que prevé realizar mañana una concentración de protesta frente a la Subdelegación del Gobierno, también reclama responsabilidades por parte de la Agencia del Agua por los desembalses, "que no solo nos ha perjudicado a nosotros, también ha dañado a buena parte de la ciudad. Basta con ver Miraflores o los Sotos de La Albolafia", explicaba ayer Cortés. El portavoz, además, recordó que las parcelaciones afectadas en su práctica totalidad están en zona no inundable, lo que desmiente muchos de los argumentos recientes que culpan a los residentes de la catástrofe. Cortés también aclaró que estas zonas están con el PGOU del 2003 en proceso de regulación con planes de sectorización en marcha.

Desde la aprobación de un decreto en 2008 se han adecuado a la normativa 248 ayuntamientos, el doble de los que se revisaron en los primeros seis años. El Defensor del Pueblo reconoce el esfuerzo.
13/12/2010. Diario de Sevilla.

La necesidad de contar con suelo para dar cumplimiento a la hoy discutida Ley de Vivienda abrió en enero de 2008 una vía rápida para que los ayuntamientos adaptasen sus planes urbanísticos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Esta norma entró en vigor en enero de 2003 y otorgó un margen de cuatro años para que los municipios adaptaran a ella sus planeamientos. Superado el plazo, no se admitirían modificaciones parciales ni otras gestiones que requirieran permiso autonómico.

La Junta abrió esta vía ya que a finales de 2008 sólo 116 localidades, el 15%, se habían adaptado. Este porcentaje llevaba ya cierto tiempo inalterable .

Pero con el decreto puente abierto por la Junta para que los ayuntamientos adaptasen parcialmente sus PGOU y librasen suelo para VPO, 248 municipios -el 71% de los PGOU- han desbloqueado sus planes.

El boom de la adaptación parcial, según los últimos datos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ha elevado al 45% los municipios con PGOU adaptados a la normativa urbanística. No suman ni la mitad de los ayuntamientos, pero en ellos residen el 70% de la población andaluza.

Otros 186 ayuntamientos andaluces tienen los trabajos de adaptación por esta vía rápida en diferentes estados de tramitación, por lo que la Junta confía que, en los próximos meses, un 70% de los municipios tengan ya su PGOU desbloqueado.

El Defensor del Pueblo ha reconocido recientemente los esfuerzos llevados a cabo por la Junta en este sentido. En un escrito remitido a la Consejería, a la que previamente se le había requerido para informar sobre el estado de adecuación de las localidades al marco normativo andaluz, esta institución destaca que "las iniciativas adoptadas no pueden ser sino objeto de una positiva valoración".

La oficina que dirige José Chamizo reconoce que la aplicación de estas medidas ha conllevado que "la poca satisfactoria posición inicial haya variado substancialmente al abrirse un dinámico proceso de redacción de planes y adaptaciones a la LOUA". Por todo ello, el Defensor del Pueblo insta a la Consejería a que "este dinámico proceso siga siendo objeto del mayor impulso, de manera que, en el menor plazo posible, la situación urbanística de los municipios se encuentre plenamente normalizada".

El atajo abierto por la Junta tiene el fin de dar cumplimiento a su plan de vivienda. Podrá contar a corto y medio plazo con una disponibilidad de terreno para la construcción de 227.000 viviendas protegidas. La disponibilidad de suelo era el primer paso que se marcó la Junta para dar cumplimiento al Pacto por la Vivienda firmado en 2007 con ayuntamientos, sindicatos, empresarios y entidades financieras con el objetivo de poner a disposición 300.000 VPO en el plazo de diez años.

El cumplimiento exacto de este plan se discute. Por una parte porque sólo seis de las 33 entidades financieras firmantes -las cajas andaluzas, BBVA y la Caixa- han mantenido el compromiso y están liberando créditos. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, ha anunciado una próxima reunión para saber que está pasando, al igual que hicieron sus antecesores en este departamento sin demasiado éxito. Antes se reunirá con promotores de vivienda pública y los ayuntamientos para trazar y revisar el plan.

Una revisión que puede ir en la dirección de primar el alquiler por encima de la venta de VPO. El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anotó hace dos semanas que la demanda vira hacia el alquiler y en lugar de 132.000 VPO en cuatro años (2008-2012) podrían sólo ser necesarias entre 60.000 y 70.000.

Para el presidente de la Federación andaluza de Municipios (FAMP), Francisco Toscano, sin embargo "las necesidades actuales no varían mucho de las antiguas", es decir, las viviendas protegidas inicialmente comprometidas siguen siendo hoy necesarias. "Aunque nos quieran vender el tema del alquiler, lo que cualquier español de a pie quiere es la propiedad; otra cosa es que económicamente se esté en condiciones de afrontar el gasto", afirma Toscano, que achaca los problemas de la VPO a la falta de financiación por parte de las entidades financieras.

Vivienda presenta el barómetro de la Sostenibilidad Urbanística
Cinco Días. Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 04/06/2010

En la ciudad en la que usted reside debe desplazarse en coche o en transporte público para acudir a los principales equipamientos (colegios, centros deportivos, ambulatorios)? ¿Considera que su barrio respeta el paisaje o entorno natural que le rodea? ¿Están todos los edificios públicos de su entorno en pleno uso? Si ha contestado afirmativamente a la primera pregunta y con un no rotundo a las otras dos, está claro: su ciudad no es sostenible. No fomenta la cohesión social y, por supuesto, no contribuye a tener una buena calidad de vida.

Lo más preocupante es que en los años del pasado boom inmobiliario demasiadas localidades españolas, tanto del interior como de la costa, han crecido de manera desmesurada, sin apenas lógica, convirtiéndose en lo que los expertos denominan ciudades dispersas o difusas, con el alto coste económico y medioambiental que ello conlleva.

Así, se convirtió en algo habitual, ver edificar en tiempo récord nuevos barrios con muchos metros cúbicos de hormigón sobre antiguos cinturones verdes y áreas residenciales o de servicio con escasa densidad de población. Las casas de esos nuevos desarrollos se terminaban en apenas 18 meses, mientras que las dotaciones de transporte, educación o sanitarias en algunos de ellos aún se las espera. Se trata de auténticas barriadas fantasma, donde todos sus ciudadanos se trasladan masivamente en vehículo privado y con escasa actividad en la calle. Aún recientes están en la retina los macroproyectos de Seseña (Toledo) o Valdeluz (Guadalajara), entre otros.

Ineficiencia económica

Pues bien, el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español que acaba de presentar la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, pone negro sobre blanco esta realidad y ofrece un decálogo con propuestas clave para reducir esa insostenibilidad. Se trata de un documento sin precedentes, ya que no sólo realiza un diagnóstico de la situación que atraviesa el urbanismo español; sino que plantea estrategias para hacer posible otro modelo de ciudad, defienden desde el Gobierno.

Y es que la Unión Europea lleva años insistiendo en la propuesta de un modelo de ciudad europea compacta, advirtiendo de los graves inconvenientes de la urbanización difusa o desordenada. Entre ellos, el grave impacto ambiental, la segregación social, la ineficiencia económica derivada de los elevados costes energéticos, de construcción y de mantenimiento de las ingentes infraestructuras y de prestación de los servicios públicos.

Reurbanizar

"Lo idóneo es poder recorrer a pie las distancias que nos separan de los colegios, los centros de salud, la biblioteca municipal o los comercios. Por eso, hagamos ciudades que lo permitan", asegura Pedro Castro. "Se trata de urbanizar mucho menos y reurbanizar, más y eso sólo lo conseguiremos apostando por la rehabilitación", defiende Beatriz Corredor.

Pero, ¿qué es una ciudad sostenible? También a dar respuesta a esta pregunta contribuye el citado libro blanco, ya que hasta ahora no existía un barómetro capaz de medir con criterios objetivos a qué se refieren los expertos cuando hablan de sostenibilidad.

Gracias a la labor desempeñada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo departamento de Urbanística ha elaborado esta obra, se puede conocer que una ciudad sostenible debería empezar por preservar, mantener y proteger su capital natural.

Además, los municipios, que son quienes toman las decisiones sobre cómo quieren diseñar su crecimiento, deberían fomentar un uso más intensivo y eficiente del patrimonio construido, apostando por la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos. Es claramente ineficiente desde el punto de vista económico mantener edificios enteros cerrados porque se han quedado obsoletos para prestar un servicio público y se decida unas calles más abajo construir uno nuevo. Y en el ámbito del transporte, los expertos no dudan en dar un giro de 180 grados a las políticas actuales, tratando de reducir el tráfico motorizado privado, y potenciando el transporte público, mucho menos contaminante. Con estas estrategias, otra ciudad es posible.


Propuestas clave

Recomendaciones para un planeamiento equilibrado

-Stock: utilizar una parte del excedente para aumentar la oferta de VPO. Incentivos a la rehabilitación.

-Legislación: vincular la normativa urbanística a la ambiental.

-Plazos: ampliar el horizonte de 8 y 10 años a periodos más largos para planificar las futuras urbes.

-Participación: recuperar el interés de los ciudadanos por participar en el diseño de las ciudades.

-Pacto: otro modelo para por un acuerdo entre las Administraciones.

Boletín número 44 de 05/03/2010. [pdf]

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y en su Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de política territorial, incluyéndose en la misma la ordenación territorial y del litoral, el urbanismo y la vivienda. En este sentido, el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que la competencia exclusiva en materia de urbanismo incluye la protección de la legalidad urbanística, la inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias, las medidas de la protección de la legalidad física alterada, así como la disciplina urbanística. Por su parte, los municipios andaluces, de conformidad con el artículo 92.2.a) del Estatuto de Autonomía, ostentan competencias propias en materia de disciplina urbanística.

En este marco, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece una base legal completa y estructurada para el ejercicio, por parte de las Administraciones públicas competentes, de la disciplina urbanística.

En cumplimiento de la Disposición final única de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el Reglamento que se aprueba por este Decreto desarrolla los preceptos de sus Títulos VI y VII, regulando, tanto la intervención preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo y la inspección urbanística, como la protección de la legalidad urbanística y las infracciones y sanciones, con la finalidad primordial de asegurar la efectividad de la ordenación urbanística establecida en la legislación y el planeamiento.

La siempre compleja relación entre Ley y Reglamento se resuelve a favor de un texto omnicomprensivo y sistemático que evite la necesidad de consultar la Ley de modo constante. En este sentido, y en garantía del principio de reserva de ley, algunos artículos del presente Reglamento constituyen reproducción literal de los correspondientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El presente Reglamento nace con la voluntad de ser un instrumento eficaz para combatir la ilegalidad urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, objetivo esencial de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y aspiración irrenunciable de nuestra ciudadanía, en el marco del respeto a la autonomía local y de la cooperación activa con nuestros municipios.

Aspira también este Reglamento a proporcionar soluciones útiles en la práctica, afrontando la regulación de problemas necesitados de un tratamiento generoso, como sucede con las figuras del cumplimiento por equivalencia de la resolución acordando la reposición de la realidad física alterada, o con la extensión del régimen propio de la situación de fuera de ordenación a otras ontológicamente asimilables, en todo caso, sin perjuicio de la ordenación que pueda acordar la Administración local en el ejercicio de su potestad de planeamiento.

Se ha puesto especial énfasis en la regulación de los instrumentos preventivos para la protección de los intereses generales territoriales y urbanísticos. Es por ello que se detallan aspectos relativos a la naturaleza, tipología, régimen jurídico y el procedimiento para la concesión de las licencias urbanísticas, con vocación de establecer las reglas esenciales en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se desarrollan las particularidades en materia de inspección urbanística y en la tramitación y ejecución de los procedimientos de protección de la legalidad urbanística, precisando el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma.

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se estructura en cien artículos, encuadrados en un Título Preliminar, que contiene las disposiciones generales, y dos Títulos que se corresponden estrictamente con sus homónimos del texto legal, el primero dedicado a la disciplina urbanística y el segundo que desarrolla las infracciones urbanísticas y sus correspondientes sanciones.

[Descargar Reglamento] (pdf - 748kb)

Apuntes de la asignatura Planeamiento territorial y metropolitano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Curso 2005-06. Legislación, apuntes y transparencias de clase.

[Ver apuntes de Planeamiento territorial]

Apuntes de la asignatura Planeamiento Municipal y Proyecto Urbano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Curso 2004-05. Legislación, apuntes, transparencias de clase, guión de la práctica y ejemplo de estudio.

[Ver apuntes de Planeamiento Municipal]

Seis ayuntamientos sevillanos se suman al plan de la Junta para despejar el futuro de las edificaciones sobre suelo no urbanizable · Las no regularizables y que no se demuelan quedarán fuera de los PGOU.
Diario de Sevilla. 26/03/2009. JAVIER CHAPARRO

Ni legales ni ilegales, sino "alegales". Buena parte de las construcciones levantadas a lo largo y ancho de Andalucía en las últimas tres décadas sobre suelo no urbanizable podrían quedar sujetas a una suerte de limbo si prospera el proyecto puesto en marcha por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con el acuerdo de los ayuntamientos afectados por este problema. El plan recoge tres posibilidades para dichas edificaciones: las dos primeras son conocidas, la legalización o la demolición, pero la tercera y más novedosa es situarlas "fuera del ordenamiento urbanístico" de cada municipio, a la espera de que en un futuro no fijado puedan regularizarse.

Según la consejería, el llamado Plan de Inspección Municipal 2009-2012, aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre pasado y al que de momento se han acogido en la provincia de Sevilla seis ayuntamientos -Castilblanco de los Arroyos, Pilas, El Cuervo de Sevilla, Guillena, Lora de Estepa y Arahal- prevé que los consistorios lleven a cabo un diagnóstico de la situación en sus respectivos términos municipales y que sean ellos mismos los que determinen, sujetos al asesoramiento y a la supervisión de la Administración autonómica, qué edificaciones pueden permanecer el pie -bien regularizadas, bien fuera de ordenación- y cuáles deberán ser demolidas.

El primer paso de ese diagnóstico es la realización de un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable, consistente en la elaboración de fichas en las que se identifica claramente la situación de cada construcción, incluyendo su ubicación física exacta (en suelo rústico, paraje natural, zona arqueológica...), su situación legal (con licencia, sin licencia, denunciada o no) y su uso preciso (vacía, primera residencia o segunda residencia). Será entonces cuando los ayuntamientos determinen el futuro de cada una de ellas en función de las tres vías descritas.

Hasta esta semana, en la provincia de Sevilla han sido presentadas ante la Dirección General de Inspección de la consejería 445 fichas de edificaciones en suelo no urbanizable. "Esto no quiere decir que todas las casas sean ilegales, sino que debe ser el plan de inspección municipal el que determine su situación y su futuro", manifestó un portavoz del citado departamento.

Este planteamiento es consecuencia del convencimiento de que no se pueden ni legalizar ni echar abajo las decenas de miles de construcciones levantadas sin permiso en toda Andalucía. El enorme número de edificaciones en esta situación, el proceloso proceso de tramitación administrativa que supondrían el derribo de todo aquello que se haya levantado sin licencia y, también, el coste político que conllevaría una operación semejante han sido determinantes en la decisión tomada por la Junta y los ayuntamientos.

Los pasos dados ahora por la consejería desarrollan lo previsto desde 2002 en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), en cuya disposición adicional primera se dispone que las construcciones e instalaciones existentes en el momento de aprobación de los instrumentos de planeamiento municipal, siempre que resultaren disconformes con éstos, "quedarán en situación legal de fuera de ordenación".

La LOUA determina que será en los PGOU donde se definan "los actos constructivos y los usos de que puedan ser susceptibles las correspondientes construcciones". La situación legal de "fuera de ordenación" urbanística se aplicará, según la citada ley, "en las actuaciones [...] ejecutadas de forma clandestina o ilegal en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable, al margen de la legislación urbanística en vigor con anterioridad a esta Ley o en contradicción con ella, respecto de las que ya no sea legalmente posible, al tiempo de entrada en vigor de esta ley, medida alguna de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido".

Según la literalidad de esta norma, sólo quedarían bajo el epígrafe de "fuera de ordenamiento", -pero a salvo de la piqueta- aquellas construcciones existentes con anterioridad a diciembre de 2002, fecha de entrada en vigor de la LOUA, aunque el margen de maniobra temporal será previsiblemente más amplio puesto que es ahora cuando la mayoría de los ayuntamientos están iniciando la elaboración de los inventarios de las viviendas levantadas sin permiso.

La consejería apunta que para este trabajo de inventariado está dando su apoyo a los ayuntamientos a través del cuerpo de inspectores, que asesora y ofrece apoyo técnico y humano a los consistorios.

El Plan General de Inspección establece unos ámbitos geográficos considerados prioritarios. En la provincia de Sevilla, estas zonas son el área metropolitana, el Bajo Guadalquivir y la Campiña-Sierra Sur.

No obstante, el plan prevé la posibilidad de trabajar en municipios que no están incluidos en estas tres zonas y en los que se han detectado fenómenos de construcciones en suelo no urbanizable que merecen una intervención específica de la consejería. Es en estos territorios donde se desarrollan "actuaciones singulares del plan".

Miguel Ángel Márquez (IU), alcalde de Arahal, admite que el caos existente en determinadas áreas "obligaba a las administraciones a dejar de mirar hacia otro lado". Según los cálculos del gobierno local, sólo en el término municipal arahalense existe entre 1.500 y 2.000 parcelaciones al margen de la ley que podrían ser susceptibles de alegalización. "Lo ocurrido es culpa de quienes han construido sin licencia, pero también de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía", afirma.

Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. El Pleno del Ayuntamiento aprobó hace dos semanas la elaboración de un plan de inspección a la vista, según el acuerdo suscrito por todos los grupos municipales, de que "la normativa urbanística autonómica se ha demostrado ineficaz".

La aplicación del plan dejará constancia de la existencia de las casas al margen de la ley y las autoridades municipales quedarán teóricamente y partir de ahora a salvo de ser imputados por omisión en sus labores de control urbanístico.

Fotocopias de las normas urbanísticas Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Montoro, facilitadas para la asignatura de Planeamiento Especial de Protección de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

[Ver PEPCH Montoro]

Bilbao requiere un territorio 100 veces mayor del que tiene para abastecerse. Badajoz necesita 2,19 su propia extensión para poder atender sus necesidades
El Mundo. 18/02/2009. Pedro Cáceres

Si un ciudadano gastara cada año 100 veces más de lo que gana cualquiera pensaría que está claramente destinado a estrellarse. Nadie puede mantener ese ritmo de vida indefinidamente sin verse abocado al fracaso. Y, sin embargo, algo parecido es lo que hacemos como sociedad: vivir muy por encima de nuestras posibilidades.

El último informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) señala que la mayoría de las capitales consume más recursos y genera más residuos de los asumibles por su provincia. La mayoría de las grandes ciudades españolas supera la biocapacidad disponible en sus territorios circundantes, lo que significa que sus ciudadanos consumen más recursos y generan más residuos de los que su provincia es capaz de asumir. Ejemplos: Bilbao necesitaría 100 veces su territorio municipal para satisfacer sus necesidades; Barcelona requeriría un territorio 83 veces mayor que el de su término si quisiera ser autosuficiente. Son dos de las ciudades récord en insostenibilidad.

En el extremo opuesto, Teruel, que 'sólo' necesita 5 veces más que su propio término municipal, o Badajoz, que requiere un territorio 2,19 veces mayor del que le corresponde. En todo caso, tanto los 100 de Bilbao como los 2,19 de Badajoz están por encima de lo requerido, que no debería ser mayor que 1.

Estos cálculos tienen que ver con lo que se llama huella ecológica, un indicador que se obtiene relacionando lo que se consume y lo que se ensucia con el territorio del que se dispone para hacerlo. Esa división debería dar un resultado de 1 para que las cosas fueran equilibradas. Sin embargo, la media mundial está en 1,8 y en el caso de España, se queda en 2,6, lo que quiere decir que nuestro país necesita casi 'tres países' como él para mantenerse en pie.

Observatorio de la Sostenibilidad en España

El informe titulado 'Sostenibilidad Local, una aproximación urbana y rural' fue presentado ayer por el director del OSE, Luis Jiménez Herrero, en presencia de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

El estudio viene a analizar algo así como el 'metabolismo' de nuestra civilización. Como cualquier cuerpo, consumimos recursos -como el agua, la energía, el suelo y los alimentos- y generamos residuos, que necesitan un lugar donde depositarse. Y nuestro metabolismo social está claramente por las nubes.

El estudio destaca que todas las ciudades precisan de más territorio del que ocupan, destacando casos como Madrid y Barcelona, Bilbao, Cádiz, Pamplona, Santander o La Coruña. Por el contrario, las ciudades con mejor huella ecológica son Cáceres, Cuenca, Badajoz, Albacete, Córdoba, Jaén y Teruel.

El documento señala también que la huella ecológica del español medio se situó en 2005 en 6,4% hectáreas globales de territorio productivo anuales, lo que indica que como media, cada español necesita ese área territorial al año para satisfacer sus consumos y absorber sus residuos. Del total, el 67,61% corresponde a los consumos energéticos; el 15,7% a la agricultura, el 5,6% a la ganadería y el 5,4% a la pesca.

El informe tiene el objetivo de mostrar las disfuncionalidades que se dan en España entre los entornos urbanos y las áreas rurales. Así, mientras los grandes núcleos habitados son un gran sumidero de población y de recursos, la mayor parte del territorio es un vacío. Las áreas rurales en España ocupan el 90% del territorio, pero en ellas sólo vive el 20% de la población y la huella ecológica es equiparable.

Equilibrar esas tensiones territoriales y potenciar un desarrollo armónico de todos los territorios es un de los objetivos que el análisis de la situación puede ayudar a conseguir, señalaron los autores del informe del OSE.