Un día de playa barato y sin atascos


0:00:00 h. | 29/06/2008
Sevilla. Ángela Serrato


Pasar un buen día de playa no tiene por qué hacer mella en la cartera. Al menos, así opinan los sevillanos que cambian las costas de Cádiz o Huelva por las zonas de baño que esconde la provincia. Además de ahorrar y disfrutar de paisajes naturales, se libran de los temidos atascos.

Como una dominguera más, Toñi Jiménez sale cada fin de semana de Dos Hermanas cargada con la sombrilla, la crema protectora, el tupper con tortilla de patatas y la tumbona. Apenas 45 minutos la separan de su destino: Lagos del Serrano, en el término de Guillena. “Venía aquí ya de soltera porque me gusta más que la playa y es más barato”, cuenta mientras prepara la caseta para evitar las peores horas de sol. Ahora “me acompañan mi marido, mi suegra y mis dos hijos”.

Juan Ramón Suárez también lleva años cambiando la arena de la playa por el campo y ahora le toman el testigo sus dos nietos. “De Sevilla a aquí hay un salto y a los ñiños les gusta ver los peces”, asegura mientras Adrián, de ocho años, asiente con la cabeza. Él es otro de los cientos de sevillanos que, cada fin de semana, acampan en alguna de las siete lenguas de Lagos del Serrano.

Uno de los más veteranos es Francisco Palomo, que tiene una casa allí desde hace 40 años. En uno de los improvisados puertos de la zona, decenas de barcas de recreo constatan el éxito de sus aguas “y eso que aún no está abierto el chiringuito”, advierte Francisco.

En un viaje improvisado hasta el corazón mismo de la Sierra Norte, María José y Jorge se toparon con la playa artificial del río Galindón, en San Nicolás del Puerto, que no conocían. “Estábamos tomando una tapa en Sevilla y tras decidir dar una vuelta hemos acabado aquí”, cuenta María José. “Ni siquiera traemos bañador, no sabíamos que existía”, añade Jorge.

Sin embargo, este enclave es uno de los más frecuentados por vecinos de toda la provincia y en los meses de julio y agosto “hay que llegar pronto para poder coger sitio en la playa y aparcamiento para el coche”, según explica Fernando Ballesteros. Junto a su mujer y sus dos hijos, este vecino de Constantina conoce la zona desde hace años.

“Apenas tardamos 15 minutos, en lo que ahorramos en gasolina y en tiempo”, dice al ser preguntado si no prefiere la playa. “Estamos más tranquilos por los niños también, ya que aquí no cubre y podemos vigilarlo todo el rato”, argumenta. Lo mismo opina Feliz Gutiérrez, de El Pedroso, que a veces cambia la piscina de su pueblo por la playa de Galindón. “A mis hijos les gusta más”, dice.

Para perderse. A pesar de que Lagos del Serrano y la playa del Galindón son las únicas zonas donde el baño está permitido, paseando un domingo cualquiera por la Rivera del Huesna es fácil comprobar que son muchos los que deciden ignorar las recomendaciones de la Unión Europea y darse un chapuzón en una de las zonas más bellas de la Sierra Norte. La mayoría, sin embargo, no conocen que la calidad de las aguas, según este organismo, no es apta para el baño.

Muy cerca del pantano de Melonares, un grupo de jóvenes aprovecha. Es de los primeros días de un verano que promete ser caluroso para refrescarse en las aguas del río Viar, a su paso por Constantina y camino hacia Cazalla de la Sierra. Las tumbonas dispuestas en una de las márgenes del río constatan que no son los únicos que piensan darse un chapuzón.

Siguiendo el recorrido del Huesna, en el término municipal de Cazalla de la Sierra y a unos diez minutos en coche de San Nicolás del Puerto, se encuentra la Isla del Pescador o Isla Margarita. Allí, Patricia Ginés celebra su 27 cumpleaños con toda su familia, que se ha desplazado desde Sevilla para la ocasión. Cuando se les pregunta si saben si las aguas son aptas para el baño responden al unísono: “Ya nos hemos bañado todos y vamos a volver a hacerlo”.

Sandra Centeno, una vecina de Cazalla de la Sierra, no lo tiene tan claro. “No suelo venir aquí porque el agua está sucia y no me gusta bañarme”, explica esta joven de 21 años. Sin embargo, el calor y la lejanía de las playas “han podido más”, confiesa antes de sumergirse.


El edificio, ideado por un arquitecto italiano, girará en busca del sol movido por la fuerza del viento

En 2010 estará disponible el primer rascacielos giratorio y ecológico. Un arquitecto italiano, David Fisher, ha creado un edificio desde el que será posible cambiar de paisaje cada mañana. Fisher asegura que su creación es ecológico, autosuficiente y capaz de girar gracias a su, hasta ahora principal enemigo, el viento.

El rascacielos podrá ser levantado en apenas dos años y en su estructura central se van enganchando, completamente amueblados, todos los pisos a un ritmo de uno por semana. Estos compartimentos se fabrican en otras instalaciones alejadas para evitar el ruido y el polvo en las calles.

El proyecto, de 420 metros de altura, será una realidad en 2010 en Dubai y Moscú y se espera que en menos de cuatro años se haga un hueco en Manhatan, Nueva York.

Lo peor de este rascacielos es que no sirve para crear más trabajo. Para construirlo bastan 600 obreros, 1.400 menos de lo habitual.

Fuente: Atlas - Agencia de Noticias 25/06/2008

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Una central eléctrica en cada azotea

La nueva legislación prima la instalación de techos fotovoltaicos en bloques de viviendas para conectarlos a la red
Alejandro Martín | Actualizado 19.06.2008 - 05:03



Crear una mini Endesa por bloque. No es una quimera sino una solución viable técnica y sobre todo, económicamente. Producir y vender energía ha dejado de ser un coto cerrado para las compañías eléctricas. Es más, cada comunidad de vecinos puede crear su propia central solar en la azotea de su bloque y generar beneficios económicos para repartir entre todos los inquilinos.

"Ya no hablamos de generar energía para los calentadores de agua; se trata de vender toda la electricidad que se genere y además, poder ganar dinero", aseguró ayer el socio director de Solar-Corporación Alisios, Fernando de la Cuesta. Esta empresa organizó ayer junto al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Sevilla y La Caixa unas jornadas técnicas para informar sobre las posibilidades técnicas y económicas de la instalación de techos fotovoltaicos en los bloques.

La nueva legislación de energía renovable es la base de su rentabilidad. "El Real Decreto recoge el compromiso del Gobierno para primar durante 25 años la tarifa de conexión a la red de instalaciones con una potencia inferior a 100 kilovatios", explicó el directivo de Corporación Alisios.

La inversión es alta. "El precio de los aparatos ronda los 6.000 euros por kilovatio instalado, y la potencia máxima de 100 kilovatios requiere una superficie de alrededor de 1.200 metros cuadrados, dependiendo de su horizontalidad", indicó De la Cuesta. Pero los ingresos son también considerables. "El Gobierno establece una tarifa fija de 0,45 euros por kilovatio producido, lo que supone el 575% de la normal; una instalación de 100 kilovatios de potencia producirá al año unos 148.700 kilovatios, arrojando unos ingresos anuales de 75.000 euros", destacó Fernando de la Cuesta, que agregó que "la inversión se amortiza en ocho años".

La instalación de los equipos y su conexión a la red se realizará en un plazo de cinco o seis meses, según las estimaciones de los técnicos. Pero antes es necesario cumplir con un requisito indispensable: lograr que la comunidad de vecinos se ponga de acuerdo. El proceso legal debe ser muy transparente para evitar impugnaciones, según el abogado Alberto Donaire. "En primer lugar, hay que llevarlo a la junta de propietarios en el orden del día de la asamblea, que tiene que ser comunicado a todos los vecinos", indicó. "El punto tiene que ser aprobado al menos por el 60% del total de los propietarios, no de los asistentes", recalcó Donaire.

Una vez ratificado, todos los vecinos, tanto los que lo apoyaron como los que se opusieron, están obligados a asumir los compromisos de pago, en función de sus coeficientes, "como establece la Ley de Propiedad Horizontal". "Y los beneficios también se repartirán en función de esos coeficientes", manifestó.

Una de las trabas al desarrollo de las energías renovables es la falta de conexiones a la red para evacuar la electricidad. En el caso de los techos fotovoltaicos, la legislación obliga a la compañía eléctrica, -en el caso de Sevilla sería Endesa-, a buscar una conexión al sistema. "No debe haber problema en puntos urbanos porque hay suficiente capacidad de evacuación", estimó el directivo de Corporación Alisios.

Adopta un río: Biadosa

Trailer del documental de actividades del proyecto de voluntariado Adopta Un Río: Bidasoa (AUR Bidasoa), realizado por AEMS-RÍOS CON VIDA durante el pasado año 2007 en la parte navarra de esta emblemática cuenca. Duración: 4 minutos

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Las subvenciones para adquirir piso podrán disfrutarse a lo largo de 10 años · La Administración andaluza pagará a quienes ofrezcan arrendamientos con opción de compra · Las ayudas van de 65 a 9.000 euros
Carlos Mármol / Sevilla | Actualizado 15.06.2008 - 05:03


Es la gran iniciativa política de la octava legislatura autonómica. Un proyecto estratégico para que el PSOE pueda seguir manteniendo el poder en Andalucía a largo plazo. Y se nota. El nuevo Plan Andaluz de la Vivienda (2008-2012), cuyas líneas maestras fueron cerradas esta misma semana por la Administración regional y los agentes sociales (empresarios y sindicatos), y cuyo decreto de formulación definitivo será objeto de aprobación oficial por el Consejo de Gobierno de la Junta dentro de unas semanas, promete un más que generoso reparto de ayudas y subvenciones públicas prácticamente para casi todos los operadores del mercado inmobiliario. Propietarios, empresas, inmobiliarias, constructoras, inquilinos y entidades privadas recibirán, en mayor o menor medida, una notable inyección de subsidios procedentes de las arcas públicas -o de inversión privada canalizada por las instituciones de forma preferencial- para atenuar el impacto de la crisis inmobiliaria y, al tiempo, tratar de permitir que amplias capas de la población puedan acceder a una vivienda.

El Plan, cuya redacción inicial ocupa casi 70 páginas, sin incluir su memoria financiera, describe un largo rosario de programas de vivienda protegida cuyas vías de acceso son dispares (en función de la renta y la situación familiar) y a los que, por lógica, vienen a corresponderles distintas dotaciones económicas. Los diferentes programas, destinados por un lado a los promotores y por otro a los ciudadanos, tocan así casi toda la amplia casuística existente en el sector, aportando soluciones potenciales para las familias que quieran comprar un piso público -bien en régimen especial o general-, para las que opten por el alquiler como solución a sus problemas de residencia o para colectivos sociales significativos, como los jóvenes, los discapacitados u otros grupos en riesgo de exclusión social. Estas mismas políticas se incardinan también en el territorio urbano, al incluir programas de rehabilitación e incentivar aquellos proyectos de renovación de barriadas degradadas.

En general, la Junta podrá hacer dos cosas una vez se ratifique este decreto. Por un lado, canalizar todas las ayudas procedentes de Madrid -el Plan Estatal de la Vivienda, que es el que fija el marco global del juego inmobiliario- y, por otro, completarlas con su propia vía de subvenciones.

Las ayudas autonómicas consistirá en dos fórmulas: la obtención de un préstamo cualificado y, sobre todo, una serie de distintos subsidios a fondo perdido que permitirán que muchos de los demandantes de vivienda puedan reducir de manera notable el esfuerzo económico que supone la compra de un piso o el pago de un alquiler a precios de mercado.

Entre todas las subvenciones, llaman la atención dos: las que se aplican para la adquisición de vivienda y las correspondientes al alquiler, las dos vías masivas de acceso a un piso. En el primer caso, el plan autonómico permite recibir este tipo de aportaciones públicas hasta un máximo de diez años, aunque en dos periodos de un lustro cuya renovación está sujeta a autorización de la Administración. De esta forma, una familia, siempre y cuando cumpla los requisitos de renta establecidos, podría cobrar una ayuda durante una década para pagar las cuotas hipotecarias del piso protegido al que haya accedido por cualquiera de las modalidades existentes; bien mediante sorteo, bien mediante compra directa. Así, una familia cuyos ingresos anuales no superen aproximadamente los 15.507 euros tendrá derecho a una subsidiación de 250 euros al año por cada 10.000 euros del préstamo al que tengan que hacer frente. Mientras más financiación ajena se necesite más subvención se cobrará. Esto explica que otra familia que cobre entre 9.304 y 10.544 euros, recibirá unos 65 euros, aunque esta cifra podrá incrementarse en 50 euros más si tiene a su cargo a una persona dependiente o está compuesta por cinco o más miembros.

Las familias con los ingresos más bajos -aquellas que por ejemplo no ganen más de una vez y media el índice de referencia de renta (Iprem)- son las que, lógicamente, más reciben, al poder ingresar ayudas por hasta 3.600 euros al año. En los casos de municipios cuyo mercado inmobiliario sea más caro -las grandes capitales o la costa- esta cifra puede crecer hasta los 5.000 euros. Una cantidad considerable si se calcula en términos de una década, el máximo permitido. Estos subsidios se aplicarían en el programa de régimen especial.

En el caso del alquiler, sobre todo el correspondiente al programa de renta básica (aquel al que pueden acceder familias con menor nivel de ingresos), las aportaciones, junto a la financiación cualificada, consisten en una ayuda a fondo perdido de hasta el 40% del precio del alquiler durante un máximo de 25 años. Lo que supone una subvención durante un cuarto de siglo.

Los destinatarios de estos subsidios serán las familias con ingresos inferiores a los 9.304 euros al año, aproximadamente. Si se gana algo más, aunque por debajo de los 10.544 euros, esta cuota de subsidiación cae al 15%, aunque sin alterar el tiempo máximo de cobro. Ambos porcentajes se incrementarán en caso de que una familia de cinco miembros haya arrendado un piso superior a los 70 metros cuadrados -la media más o menos aceptada de una vivienda protegida- hasta poder llegar a suponer entre un 45% de la renta -para las hogares con menos salario- y un 25%, para aquellas familias cuya renta esté entre 1,5 y 1,7 veces el índice salarial oficial establecido, fijado en 2008 en 6.202,80 euros.

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Esta publicación es el resultado de un proyecto de investigación promovido por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y subvencionado con fondos europeos FEDER. El proyecto ha sido desarrollado por el Dr. Arquitecto Manuel Martín Monroy, perteneciente al Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

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