El servicio nacido en San Francisco permite alojarse en casas y habitaciones
España se encuentra entre los cinco países con más usuarios e inmuebles
07/02/2012. El País.

A Brian Chesky ir a un hotel le parece algo del viejo mundo: "Es una experiencia demasiado distante, poco personal y, además, cara". Como solución en 2008 creó AirBnb, un servicio con sede en San Francisco en el que cualquiera puede ofrecer una habitación o un piso por unos días. También se puede buscar alojamiento en 192 países y más de 19.000 ciudades. A finales de enero superó cinco millones de noches reservadas en su plataforma.

En 2011 el 75% de las reservas se hacían fuera de Estados Unidos. En ese momento, Chesky, consejero delegado de esta web a medio camino entre la agencia de viajes y la inmobiliaria, pensó que había que comenzar la expansión más allá de sus fronteras. Ya cuentan con dos oficinas en Alemania, en Hamburgo y Berlín. Acaban de abrir en Londres. Esta misma semana estrenan sede en Barcelona, donde han contratado a 10 personas. Después llegará el turno de París y Milán.

Kay Kuehne, de origen alemán, es el responsable en España. Su reto será "entender y fomentar la comunidad local, difundir nuestro servicio y explicar el funcionamiento". La diferencia principal está en la forma de gestionarlo. Esta web se basa en la confianza entre usuarios. Cuando alguien decide alojarse en un piso paga por adelantado toda la estancia. Una vez que llega avisa a AirBnb de que todo va bien. Solo entonces, un día después de que llegue el visitante, el dueño del piso recibe el dinero.

El prestigio de los usuarios se basa en las reseñas. Para evitar un uso fraudulento, las impresiones tanto del huésped como del anfitrión solo se pueden publicar una vez que ha terminado la estancia. "Así evitamos condicionamientos y sabemos si las fotos que suben son reales, por ejemplo", aclara Kuehne. AirBnb conecta con redes sociales de modo que se puede consultar el Facebook y el Twitter para ver si nos cae bien esa persona.

El anfitrión, que puede estar en casa si alquila una habitación, o estar fuera, pone el precio que desea por cada noche. AirBnb cobra el 3% adicional como comisión, esa es su fuente de ingresos. A cambio, se aseguran de que todo funciona correctamente y dan soporte por teléfono.

El eBay del alojamiento

Chesky cree que AirBnb es el equivalente a eBay en alojamiento: "Si allí se puede comprar desde un avión de juguete a uno de verdad, aquí se puede alquilar desde un sofá a un castillo o una isla. El único requisito es que tenga luz eléctrica". Y puestos a presumir cuenta que Conan O'Brien, el popular presentador de su país, confió en ellos para alquilar durante tres noches su apartamento en Nueva York.

En opinión de Chesky el éxito de cualquier emprendedor depende, por muy bueno que se sea en los negocios, del uso que se haga del servicio propio. Su caso es paradigmático: es el que más veces ha usado AirBnb. De hecho, nos recibe en un apartamento en la zona de Huertas que ha elegido él mismo.

Navegando se puede encontrar de todo, desde el lujo más absoluto a una pequeña habitación por 10 euros. Kuehne cree que el trato humano marca la diferencia: "No es lo mismo llegar y sentirse solo que encontrarse con la clave del wifi nada más entrar, un aperitivo o una lista con recomendaciones en la zona".

Noelia Morales y Matthias Schneider son una pareja que vive en Barcelona desde hace 10 años, por motivos de trabajo viven entre Barcelona y Essaouira (Marruecos). Según dónde se encuentren ofrecen una u otra. "La de Barcelona es la más demandada, es bastante normal, pero gusta. Según le parezca al inquilino dejo allí el gato o lo llevo a casa de mis padres", explica Morales. Todavía no han dado el paso de contratar alojamiento pero ya tiene algunas ideas. "Haré como algunos de nuestros visitantes que nos dejan un libro para que vayamos a conocer su ciudad", añade.

Chesky no es muy amigo de los estudios de mercado. "Prefiero ver los comentarios y el comportamiento en redes sociales. Se sabe más de los clientes y son más sinceros. A mucha gente le encanta entablar amistad, valoran la conexión a Internet, un refrigerio en la nevera. En resumen, hacerlo una experiencia más emocional", concluye. Vaticina que este verano la costa española será el lugar de moda.

No puede ser ni vendida ni alquilada, solo se transmite el derecho de uso.
El importe de este derecho es inferior a un alquiler o una hipoteca.
El País Vasco lo ha incorporado a su anteproyecto de ley de vivienda.
07/12/2011. 20 Minutos

La crisis económica ha descubierto las debilidades de una sociedad como la española obsesionada por la propiedad de la vivienda. Tal vez sea hora de aprender la lección y apostar por otras opciones.

Por ejemplo, el modelo escandinavo de alquiler, conocido como 'andel', con las cooperativas de régimen de cesión de uso. Se trata de un procedimiento que queda a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.

Ni vendidas ni alquiladas

Utilizado en países como Dinamarca, Noruega y Suecia, consiste en un modelo cooperativo según el cual la propiedad de las viviendas reside en manos de una cooperativa y en el que los socios disfrutan de un derecho de uso indefinido con un alquiler de precio reducido.

Los socios de la cooperativa disfrutan de un alquiler indefinido a precio reducidoEn este modelo las viviendas no pueden ser ni vendidas ni alquiladas, tan sólo se puede transmitir el derecho a uso. Una de sus ventajas es que se paga un derecho de uso cuyo importe es muy inferior a un alquiler o a una hipoteca.

Además, en las cooperativas de régimen de cesión de uso se dispone de un fondo monetario que puede ser utilizado para reformas de las viviendas o del edificio. Los edificios suelen tener espacios comunes para todos los miembros.

Una apuesta del Gobierno vasco

Ya hay algún ejemplo en España, pero la mayor apuesta viene del Gobierno vasco que acaba de incorporar a su anteproyecto de ley de vivienda la figura de las cooperativas de régimen de cesión de uso, con el fin de promover este modelo, a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.

La inclusión de esta figura en la nueva ley que prepara el Ejecutivo forma parte de las aportaciones presentadas al mismo por el Consejo Económico y Social (CES) y las cooperativas del sector.

El anteproyecto de ley ha entrado en su última fase de tramitación interna antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y de ser enviado al Parlamento vasco para su aprobación definitiva como Ley de Vivienda.

Grupos de inversión internacionales ofrecen a las entidades financieras el 20% del valor de sus inmuebles. Por el suelo, aún menos
09/05/2011. ABC

Se curtieron en el desierto que dejó el desmoronamiento de las «subprime» en EE.UU. Tenían el bolsillo lleno cuando cundió el pánico en una banca cuyas arcas comenzaban a vaciarse y en las que sobraban viviendas. Pujan a la baja —muy a la baja— por compañías a la deriva o por parte de su negocio. «Fondos buitre» es un apelativo que les desagrada enormemente. Se definen como inversores «oportunistas» o, acudiendo a la jerga financiera, fondos especializados en la compra de «activos dañados». Llevados de la mano invisible que rige la oferta y la demanda suelen negociar con una sencilla carta de presentación: no son necesariamente el mejor camino, pero sí el más corto con que cuentan las empresas para desprenderse de los vestigios que afloran en sus balances durante las épocas de crisis. Después de examinar de cerca nuestro país y concluir los primeros trabajos de campo, estos fondos acechan ahora al sector inmobiliario español.

Su máxima es la discreción. Son grupos internacionales, la mayoría estadounidenses y europeos, ligados a grandes grupos de inversión (entre ellos, Goldman Sachs , Bank of America y Deutsche Bank). Durante las últimas semanas se han dirigido con sigilo profesional a los representantes de bancos y cajas de ahorros; muchos de estos consideran que están haciendo propuestas a precios de derribo. «Las ofertas que realizan suelen rondar el 20 o el 30% del valor en libros, mientras que ninguna entidad financiera está dispuesta a vender por menos del 50 o el 60%; la diferencia es abismal», señala Juan Fernández-Aceytuno, presidente de la Sociedad de Tasación. En el caso del suelo, incluso han echado en cara a las entidades que el valor de sus propiedades es cero.

Por el momento, no ha habido brindis ni apretones de manos. Las entidades financieras, cautelosas, saben que un «sí» equivaldría a un descenso en cascada de los precios de los inmuebles. Un abogado intermediario de estos fondos en España, que prefiere no desvelar su identidad, justifica la resistencia de la banca. De ella depende la estabilidad del malogrado sector. «Se trata de un producto muy novedoso. Antes no se compraban las carteras de viviendas, porque las hipotecas funcionaban. Difícilmente habrá acuerdos. El día en que un fondo le compre a un banco su cartera el precio de la vivienda se desplomará».

Estas conversaciones pocas veces se ven amenizadas por el tono y las maneras sutiles de la diplomacia de los negocios. Donde unos denuncian un intento descarado de imponer condiciones abusivas a costa de hurgar en la debilidad y la impaciencia del sistema financiero español, que acumula más de 100.000 millones de euros en activos problemáticos ligados al ladrillo, los defensores de las inversiones «low cost» encuentran una expresión legítima del libre mercado. Dos no firman si uno no quiere.

Un juego desigual

«No los calificaría de buitres. Hay una recesión económica, hay una oferta y una demanda. Los fondos dicen: “Si lo quiere, tome; si no, es su problema”. Es usted quien dio hipotecas a todo el mundo», subraya Pepe Oriola, abogado especialista en el cobro de deudas y representante de varios de estos grupos de inversores.

En nuestro país, operan con un organigrama reducido. Los de mayores dimensiones cuentan, en algunos casos, con equipos de no más de cuatro personas. El resto acude a despachos de abogados con sede en España para escoger y tramitar sus ofertas. Esta última posibilidad les permite, además, respetar la esencia de su negocio: invertir en diversos sectores para obtener una rápida rentabilidad.

Cuando entran en una empresa, sus planes de futuro no rebasan los diez años. Con suerte, si han logrado imponer sus condiciones sin paliativos, «en tres años han recuperado la inversión y han sacado un buen beneficio», destaca Oriola.

De momento, los negocios de las entidades españolas con este tipo de fondos ha arrancado con las ventas de las carteras de clientes morosos. Sonada fue la compra por parte de Lindorff Group, grupo noruego, de Reintegra Contact Center, sociedad de gestión de cobro telefónico del grupo Santander. De la operación, que incluyó una cartera de créditos fallidos, no trascendió el importe.

Los especialistas confían en que la banca no ceda al pulso, que busque alternativas. «Las entidades no se van a precipitar. Es mucho más inteligente hacer una venta ordenada, ya sea segregando activos o bien cediéndolos a otros vehículos, a las futuras grandes inmobiliarias que se están gestando en estos momentos», explica Fernández-Aceytuno. Las firmas de inversión, sin embargo, sacan músculo y definen las negociaciones como una especie de «juego de casino», en el que bancos y fondos se afanan en cada movimiento. Lo malo, sentencian, es que las entidades «ahora no tienen la posibilidad de elegir».

Sin crisis no hay negocio

¿Qué son los fondos buitres?
Grupos de inversión o fondos de capital riesgo que invierten con grandes descuentos en deuda pública y en los negocios de compañías a la deriva. Compran activos a precio de saldo con el propósito de rentabilizarlos a corto plazo o iniciar acciones legales para forzar un pago.

¿Cuánto están dispuestos a pagar?
En el sector de la vivienda en España sus ofertas rondan el 20 o el 30% del importe en libros. Es decir, de una propiedad de 200.000 euros, por ejemplo, estarían dispuestos a abonar, únicamente, 40.000.

¿Quiénes son y de dónde proceden?
Son grupos ligados muchas veces a los gigantes del sector financiero, como Goldman Sachs, Bank of America o Deutsche Bank. También hay firmas de tamaño más reducido alemanas, nórdicas y asiáticas. La presencia española es, prácticamente, inexistente. La mayor parte de los que pujan por la vivienda española proceden de EE.UU.

El solicitante deberá llevar registrado al menos cuatro años en Etxebide.- Se impondrá un canon a las casas deshabitadas durante más de dos años
21/01/2011. El País. Alberto Uriona

Un vasco con pocos recursos (menos de 15.000 euros anuales) podrá exigir a su gobierno una vivienda en alquiler. La futura Ley de Vivienda del País Vasco establece, entre otras novedades, el llamado derecho subjetivo, cuya principal novedad es que, si el Gobierno autonómico no le proporcione un inmueble o le da una prestación, se podrá reclamar a los tribunales. La otra novedad de la normativa, aún en fase de anteproyecto, es que se obligará al pago de un canon (10 euros por metro cuadrado útil) a los propietarios de pisos vacíos que estén desocupados más de dos años, salvo excepciones como segunda residencia o motivos laborales y de salud.

El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, ha adelantado hoy el contenido del anteproyecto, que se espera presentar al Consejo de Gobierno para su aprobación a finales de año. Se abre ahora un proceso de participación para que tanto la ciudadanía como los diferentes partidos políticos hagan sus aportaciones al texto. Los cálculos del Gobierno autónomo es que pueda entrar en vigor en 2012.

Para que la Administración reconozca el derecho ciudadano a una vivienda, el solicitante tendrá que tener vecindad administrativa en Euskadi, carecer de vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder a una vivienda libre, estar inscrito en el registro oficial de demandantes y tener unos ingresos determinados. Pero no se esperará a que se desarrolle el reglamento y, un año después de la aprobación definitiva, podrán beneficiarse de este derecho las familias de tres o más miembros con ingresos anuales por debajo de 15.000 euros.

La nueva ley incluye la expropiación forzosa de viviendas de protección oficial a los dueños cuyos ingresos se hayan duplicado durante tres años seguidos respecto a los máximo establecidos para acceder a estos pisos y fijará por vez primera diferentes precios, según las rentas, para una misma vivienda protegida.

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha aprobado mediante la Orden de 30 de noviembre de 2009 las normas sobre las instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los edificios destinados a viviendas y el Manual General para el uso, mantenimiento y conservación de los mismos.

[Descargar] (pdf - 6,07mb)

Será de aplicación a partir del próximo 13 de febrero a las viviendas de titularidad pública o privada, de nueva planta u obtenidas por un proceso de rehabilitación integral, que se promuevan dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estén acogidas o no a cualquier régimen de protección pública, con independencia de su tipología edificatoria, forma de uso y régimen de propiedad o tenencia.

La Orden indica la obligatoriedad de presentar las instrucciones de uso y mantenimiento como una separata independiente del proyecto, con el título de "Manual Particular para el Uso, Mantenimiento y Conservación", con una determinada estructura que comprenda:

- El Manual General para el Uso, Mantenimiento y Conservación de los Edificios destinados a Viviendas que se publica con la Orden (incluyendo Introducción, todos los Capítulos y el Vocabulario Final)

- Se añadirá un anexo con el título "Instrucciones Complementarias", en el que se incluirán:

- Las instrucciones de uso particulares del edifico a que se refiere el Documento Básico Seguridad Estructural (DB SE) del Código Técnico de la Edificación.

- El Plan de Mantenimiento concreto de la estructura, en su caso, a que se refiere la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)

- Las especificaciones particulares sobre evacuación del inmueble en caso de emergencia y la descripción y localización concreta de las medidas de seguridad contra incendios con que cuente el mismo.

- Las previsiones de medidas, dispositivos, elementos, registros, etc., considerados, en su caso, en el proyecto con vistas al mantenimiento, indicando su emplazamiento y utilización.

- Las instrucciones concretas sobre Inspecciones Técnicas del edificio, en caso de resultar obligatorias por el Ayuntamiento de que se trate, indicando su periodicidad y exigencias que rijan al respecto.

- Las instrucciones de uso y mantenimiento de aquellos espacios, materiales, unidades de obra, elementos constructivos e instalaciones que integren el proyecto y que, en su caso, no figuren en el Manual General.

- Las instrucciones de uso y mantenimiento que, además de las que se recogen en el Manual General, estime oportuno introducir el autor del proyecto.

Visto en lacomunidad.elpais. 07/07/2009

La actividad en el organismo estatal del arrendamiento aumenta de mes a mes, según la noticia publicada en Idealista News. La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda, cerró un total de 284 contratos de arrendamiento en junio. La cifra supone un aumento del 28,5% respecto del mes anterior, cuando la cifra de alquileres gestionados fue de 221.

El organismo está centrando sus esfuerzos en estos momentos en dar a conocer sus servicios a potenciales inquilinos y propietarios, crear una red de agentes más profesional y desarrollar ajustes internos que repercutan en una mejor comercialización del servicio.

La SPA totaliza un total de 10.208 operaciones de alquiler desde que arrancó su actividad en octubre de 2005

En junio se acercaron a las oficinas de la sociedad pública 864 personas en busca de una vivienda para alquilar, 372 más que en el mes anterior.

El Correo de Andalucía. 10/01/2009. J. Alonso

Desde 2004, la ordenanza municipal recoge un gravamen del 50% en el IBI para las viviendas desocupadas. Tres años después, el Consistorio anunció un plan para cobrar esta recarga, que fue cuestionado por la Junta y la FAMP. El Consejo Consultivo lo ha tumbado. Considera que el Ayuntamiento no tiene competencias.

El Ayuntamiento tomó la decisión de remitir el gravamen al Consejo Consultivo después del pasado verano. Envió toda la documentación después de haber hecho una primera prueba con 1.000 ciudadanos que recibieron en sus domicilios un aviso de que tenían una recarga del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por tener un piso desocupado –se seleccionó a las viviendas con un valor catastral más alto–. La Delegación de Hacienda pretendía recabar las alegaciones de estos vecinos para disponer de una mayor documentación y luego contar con el informe del Consultivo como arma legal para posibles reclamaciones judiciales. Pero este órgano autonómico ha desmontado todo el proceso diseñado por el Ayuntamiento que incluía un equipo de inspección y un censo del parque inmobiliario desocupado.

El Consultivo confirma lo que apuntaron hace más de un año organismos como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía o el propio PSOE: no se puede gravar los pisos vacíos sin un reglamento que defina qué es una vivienda desocupada y qué criterios se pueden emplear para detectarla. Y ese desarrollo le corresponde al Estado, no a un ayuntamiento. De ahí que ninguna administración local haya podido aún aplicar esta medida destinada a sacar al mercado pisos vacíos.

“Los ayuntamientos –recoge el dictamen del Consejo Consultivo– no pueden regular el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente (...) Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario previsto no es legalmente posible la exacción del recargo en cuestión”. El Gobierno local admitió el nuevo revés a través de un comunicado: “El Ayuntamiento no efectuará el recargo en el ejercicio presupuestario de 2009. Es evidente que no perseguía ningún afán recaudatorio, como malintencionadamente sugería el PP, sino el cumplimiento de la legalidad”. La Delegación de Hacienda, dirigida por Nieves Hernández, apunta así a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada en la última legislatura de José María Aznar.

Esta ley autoriza a los ayuntamientos para imponer un gravamen sobre los pisos vacíos, pero deja la definición de una vivienda desocupada en manos de un reglamento que debía ejecutarse posteriormente. No se ha hecho. El Ayuntamiento quiso dar un paso adelante, a través de la Delegación de Hacienda, entonces dirigida por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Creó su equipo de inspección e inició un trabajo de campo sobre una previsión de un parque inmobiliario de 35.000 pisos vacíos. Incluso incluyó una previsión de 500.000 euros de ingresos en el pasado ejercicio por este concepto.

A lo largo de 2008 no se cobró recargo alguno, pero sí se realizó el trabajo de campo. Se diseñó el registro, se desarrollaron los parámetros para localizar a un piso vacío e incluso se realizaron las primeras notificaciones a propietarios de inmuebles deshabitados. Fueron un millar de requerimientos basados en los criterios de pisos deshabitados incluidos en las ordenanzas fiscales municipales.

Cinco años después de que se introdujera por primera vez en las ordenanzas fiscales la recarga en el IBI para las viviendas vacías, el resultado de la cuenta de ingresos del Ayuntamiento por este concepto volverá a ser cero. El Consultivo ha cerrado las puertas a la aplicación de esta medida a Sevilla y a cualquier otra administración local.

SOITU.es. GEMA FERNÁNDEZ. 11/11/2008

Pese al frenético desarrollo del mercado residencial español en los últimos 11 años, el parque de viviendas en alquiler se ha mantenido prácticamente inmutable. Desde 2001, no ha superado el 7,7% del total, lo que coloca a nuestro país a la 'cola' de Europa, donde la media alcanza el 30%.

La consultora Aguirre Newman prevé que 2008 finalice con un pequeño incremento de 3 décimas en el porcentaje de alquiler, situándose en el 8% del parque total, y que en 2009 se superen los dos millones de pisos en arrendamiento. Un pequeño avance pese a los intentos del Gobierno por convertir al alquiler en una opción para los que quieren independizarse. ¿Cuál es la fórmula 'mágica' para equipararnos a sus vecinos?

Para Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, la solución está en manos del Gobierno y es tan sencillo como cambiar la política fiscal y profesionalizar el mercado. Al menos esto es lo que han hecho los países que pueden presumir de tener un activo parque de viviendas en alquiler.
El ejemplo alemán

Es el caso de Alemania, que encabeza el ranking europeo con un 57% del total de sus viviendas en régimen de arrendamiento. De hecho, en este país los distintos gobiernos se han esforzado por impulsar la compra, sin resultados evidentes por el momento. ¿Por qué? Pues porque las leyes benefician al inquilino frente al 'casero'; porque las condiciones fiscales favorecen las inversiones institucionales en alquiler; y porque la inestabilidad económica internacional no favorece la compra, máxime cuando los bancos alemanes están financiando sólo el 60% del precio de la vivienda, teniendo que abonar el 40% restante en concepto de entrada.

En territorio germano, los propietarios pueden ser obligados a realizar obras de rehabilitación en el inmueble alquilado si el inquilino lo considera necesario para el correcto uso y disfrute del inmueble, con riesgo de multa, e incluso expropiación, si no cumple. Si el número de viviendas vacías supera el 10% del parque de un municipio, el ayuntamiento correspondiente puede derribar las casas que considere oportuno. Además, en periodos en los que el acceso a la vivienda es difícil por cuestiones económicas (como ocurre en la actualidad), el propietario de un inmueble está obligado a no superar en un 20% las rentas colindantes; de lo contrario, será multado.

En relación al mercado de inversión, Alemania ofrece condiciones legislativas y fiscales favorables para los inversores de viviendas en alquiler, que gozan de una deducción de gastos financieros, y están exentos del impuesto sobre plusvalía inmobiliaria a partir del décimo año, "lo que favorece que las inversiones se lleven a cabo a largo plazo y no de forma especulativa", explica García-Mateo.

Evitar el desequilibrio

Holanda también está intentando fomentar la adquisición de viviendas. En este país, menos del 23% del parque residencial está ocupado por su propietario. Desde la administración pública se pretende que el porcentaje de viviendas en propiedad alcance cotas del 35% en los próximos años, para evitar el desequilibrio.

En lo que se refiere a medidas legales, en tierras holandesas se permite la ocupación de viviendas que estén vacías durante más de un año, y éstas sólo se devolverán a su propietario en el momento que demuestre que van a ser ocupadas. Sin embargo, esta situación puede variar en breve, ya que el Parlamento prepara una modificación legislativa que pretende penar la 'okupación'. Eso sí, para evitar la especulación, los políticos holandeses plantean que las administraciones locales obliguen a los propietarios de inmuebles vacíos a aceptar inquilinos en alquiler; de lo contrario, serán multados.

Existen, además, importantes subisidios públicos para hacer frente a los pagos mensuales del alquiler. Y el Gobierno ha establecido un precio máximo del metro cuadrado en arrendamiento en determinadas zonas de algunas ciudades para facilitar el acceso.
Viviendas vacías para alquiler social

A pesar de que en décadas anteriores los diferentes gobiernos británicos fomentaron la compra de viviendas, en la actualidad, la Administración Brown tiene como prioridad potenciar el mercado de alquiler, que considera escaso. Para impulsar este mercado, ha creado la agencia estatal de vivienda vacía (Empty Home Agency), que se dedica a la compra de casas deshabitadas con dinero público para destinarlas al alquiler social. Además, algunos ayuntamientos penalizan a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas o se nieguen a ponerlas en alquiler, y tienen potestad para obligar al propietario a alquilar o vender forzosamente aquellas casas que lleven más de 6 meses sin inquilino.

Por otra parte, existen incentivos fiscales para los propietarios privados que compren o rehabiliten pisos que luego destinen al alquiler. Sin embargo, "la promoción privada destinada al alquiler es aún relativamente escasa en Reino Unido, mientras que el número de viviendas públicas en alquiler ha aumentado en los últimos años, representando en la actualidad el 32% del parque total del país", apuntan desde Aguirre Newman.

Francia, por su parte, cuenta con un plan de renovación urbanística que data de 2003, y que pretende rehabilitar 400.000 viviendas y construir otras tantas más hasta 2011 para destinarlas al alquiler, así como demoler 250.000 que se han quedado obsoletas. Nuestros vecinos galos también ofrecen desgravaciones fiscales para aquellos propietarios que rehabiliten sus casas para luego arrendarlas; así como gravan los pisos vacíos, llegando incluso a expropiarlos en el caso de que llevan así más de 18 meses. El precio medio de alquiler se revisa anualmente en función del Índice de Coste de la Construcción.
Y España, ¿qué?

La legislación, las características de la oferta en alquiler —en su mayoría obsoleta y necesitada de rehabilitación—, la evolución de los precios y las facilidades de financiación del pasado, han sido las causas de que en España no hayan existido razones consistentes para el desarrollo de un parque de viviendas en alquiler competitivo.

Sin embargo, el momento actual es propicio para conseguir un cambio. Los precios de las viviendas han tocado techo; los bancos han cerrado el grifo de la financiación y exigen un mínimo del 30% del valor del piso a la entrada; el Gobierno ha reconocido que el efecto de las ayudas tardará en notarse; y existe un importante excedente de viviendas sin vender en manos de promotores, banca e inversores, que para conseguir liquidez están dispuestos a alquilarlas. Según García-Mateo, esta situación "aumentará la demanda, así como la calidad de este tipo de producto", ya que se trata principalmente de obra nueva, y hará que "mejore la percepción de los potenciales arrendatarios y les impulse a alquilar".

Además, el objetivo del Gobierno es conseguir que el 40% de las viviendas protegidas que se construyan en los próximos diez años se destinen al alquiler, para alcanzar un parque público en arrendamiento comparable al de nuestros vecinos europeos.

Pero esto no será posible si no se incentiva fiscalmente el alquiler a fin de profesionalizarlo, comenta Fernando Encinar, directivo de idealista.com. En este sentido, Zapatero anunciaba a mediados de octubre la creación de sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, conocidas internacionalmente como REITs. Pero aún está por ver el alcance de esta medida.

En opinión de Encinar, lo "ideal" sería que el Estado emplease los 50.000 millones de euros que va a entregar a la banca "para adquirir el stock de vivienda sin vender por el coste de la hipoteca pendiente". Según este experto, así se matarían varios pájaros de un tiro: "se ayudaría a saldar las deudas de los promotores", para que continuasen con su actividad y no se produjesen nuevos concursos de acreedores y EREs masivos; "la banca rescindiría sus deudas", consiguiendo liquidez para volver a conceder créditos a los hogares; y "el Estado se haría con una gran bolsa de alquiler pública" ya construida, sin tener que esperar varios años para conseguirla, lo que permitiría un acceso más fácil y rápido a los interesados a través de organismos públicos, como la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Eso sí, para que diese resultado, estas viviendas deberían ofrecerse a distintos tipos de rentas, como se hace en Alemania, apunta Encinar.

De momento, el parque de alquiler español es muy limitado. Está previsto que aumente "coyunturalmente" en los próximos dos años debido a la crisis. No obstante, los expertos coinciden en afirmar que esta tendencia no seguirá así durante mucho más tiempo. "No todo el stock sin vender se destinará al alquiler", afirma Encinar, quien está seguro de que en cuanto se recupere la normalidad en la operativa de los mercados, y las entidades bancarias vuelvan a conceder créditos a quienes los soliciten, el número de viviendas vendidas al año volverá a aumentar. Y en esto coincide con Aguirre Newman, aunque desde esta consultora apuntan a que el alquiler ha empezado a calar en los españoles y seguirá creciendo lentamente.

Según los datos de idealista.com, los alquileres subieron el doble de la inflación en 2007, pero se frenaron en seco a principios de 2008, para empezar a bajar en el tercer trimestre. En opinión de Encinar, con el aumento de la oferta, las rentas mensuales "tenderán a bajar".

Una empresa que construye viviendas elaboradas con un derivado del corcho propone pisos que se alquilarían por menos de trescientos euros al mes. Fuengirola les cede suelo para edificar unos prototipos de 80 metros en dos plantas
05.11.08 - FRANCISCO JIMÉNEZ

¿Es posible alquilar un piso de 72 metros cuadrados ya amueblado por sólo 295 euros al mes? ¿Y uno de 40 metros por 195 euros? Antonio Marín cree que sí. Por eso, este vecino de Fuengirola lleva varios años recorriendo el país dando a conocer un proyecto de casas hechas de poliestireno expandido -un derivado del corcho que se emplea como aislante en la construcción y para envasar alimentos en los supermercados- que ya ha despertado el interés de los ayuntamientos.

De hecho, en España ya hay numerosas urbanizaciones creadas mediante estos materiales, algunas en Benalmádena y Antequera. Fuengirola también ha mostrado su atracción por el proyecto y ha cedido suelo para levantar un prototipo de 80 metros cuadrados repartidos en dos plantas. También han mostrado su interés Málaga capital y la propia Universidad.

Bajo este mismo concepto de 'Ciudades de Transición' -creadas para su puesta en alquiler por un periodo máximo de cinco años y enfocadas para familias con escasos recursos, universitarios, mayores y personas que vivan solas- en el País Vasco han apostado por casas de madera, mientras que en Galicia se está trabajando con los contenedores de metal que se destinan al tráfico de mercancías en los puertos.

Esta original propuesta consiste en levantar 'ecociudades' -dotadas con paneles solares- de pisos que sólo podrán ser alquilados durante cinco años, cuyo bajo coste aumente la capacidad de ahorro de los inquilinos como paso previo a la compra de una vivienda.

Alquiler Social, la empresa que dirige Marín, tiene por objetivo desmontar la teoría de que no se puede ganar dinero en la construcción sin tener que ahogar a las familias. «Nuestro objetivo es que la vivienda no sea un problema dentro de la economía doméstica», subraya.

Para ello, es necesario derribar los cuatro pilares que sostienen el precio de la vivienda: coste del suelo; materiales; ejecución e impuestos; y beneficios de su venta. Como alternativa a esta ecuación, este innovador proyecto plantea la cesión de suelo público durante 50 años -como ocurre con los 'parkings'- a empresas que se comprometan a impulsar este tipo de inmuebles, construidos en forma de módulos habitacionales.

Primer paso

El primero en atreverse a dar el paso ha sido el Ayuntamiento de Fuengirola, que ha puesto a disposición de Alquiler Social una parcela en la barriada de Los Pacos para levantar un prototipo de dos plantas con una superficie de 80 metros cuadrados, que estará listo en apenas un año. Además, la empresa tiene previsto participar en los próximos concursos públicos que se convoquen en la ciudad para la construcción de viviendas sociales de iniciativa municipal.

En cuanto a los materiales, este tipo de construcciones nada tienen que ver con el ladrillo. La base está compuesta por paneles de poliestireno expandido, un derivado del petróleo que se puede encontrar fácilmente en cualquier supermercado en forma de bandeja para la venta de productos envasados, así como en el embalaje de cualquier electrodoméstico. Dicho de otro modo, corcho blanco.

Estos paneles se colocan según la disposición de los muros o tabiques cubiertos con una malla de acero de alta resistencia. Una vez instalados, se le aplica el hormigón proyectándolo con dispositivos de impulsión neumática. Esta técnica supone abaratar costes en un 25% y reducir a la mitad los plazos de ejecución. «En contra de lo que pueda parecer, este sistema ofrece unas calidades impresionantes, cumple todas las normativas en materia de construcción y ruidos y, además, es antisísmico y termoaislante», comenta Marín.

Por último, en el apartado de beneficios, al tratarse de una cesión por 50 años, las empresas obtendrán réditos durante este periodo «por lo que desaparece el ánimo de lucro y hace viable el proyecto», añade.

Todos estos condicionantes llevan a Antonio Marín a asegurar que «la idea va a salir adelante porque es necesaria».

Las administraciones aprobarán en octubre el Avance del Plan Parcial que ordena la gran bolsa residencial del sur de Sevilla · Tres nuevos barrios acogerán hasta 5.287 viviendas entre promociones libres y VPO
Carlos Mármol / SEVILLA | Actualizado 29.09.2008 - 10:30



Todavía no es una realidad física. Pero, a buen seguro, para algunos llegará a ser casi una obsesión. Otros sencillamente lo considerarán su hogar. La ordenación urbanística de los históricos terrenos del Cortijo de Cuarto, la gran bolsa de suelo rústico ubicada al sur de Sevilla, entre el cauce del río Guadaíra y la barriada de Bellavista, ya está en marcha. Y, aunque los periodos de tramitación administrativa son bastante amplios -hasta el año 2012 será difícil que haya algún sevillano viviendo en la zona- el proceso legal para su transformación en un nuevo distrito metropolitano es ya una rueda imparable.

Las tres administraciones públicas responsables de su colonización -la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla- han recibido ya el Avance del Plan Parcial de Ordenación, redactado por cinco estudios de arquitectura, en el que se fija con todo detalle la futura fisonomía de este espacio residencial y productivo que ocupará hasta 136 hectáreas, sólo 80 menos de lo que, por ejemplo, ocupó en la Isla de la Cartuja el recinto de la Exposición Universal de 1992.

Este planeamiento urbanístico, cuya aprobación se producirá en la primera quincena del próximo mes de octubre, acogiéndose a la vía rápida prevista por la legislación autonómica para desarrollar proyectos de vivienda social, liga en una única pieza territorial los dos sectores del Cortijo de Cuarto (el área Norte y la Sur, según la descripción del Plan General de Ordenación Urbana) con el fin de crear una especie de pequeña ciudad metropolitana autónoma cuya aspiración confesa es convertirse en el paradigma de una nueva forma de habitar el área urbana difusa que es la corona metropolitana de Sevilla, donde se vienen produciendo desde los años ochenta crecimientos residenciales muy desequilibrados, sin suficientes dotaciones y, sobre todo, sin compensaciones suficientes en materia de equipamientos.

El Cortijo de Cuarto, al menos en su origen, aspira a ser diferente. Un ejemplo de cómo debía de haberse formado la Gran Sevilla. Acaso una esperanza cierta de que, si no se vuelve a producirse la habitual dejación de funciones de la Administración encargada de la ordenación territorial, es posible combinar el crecimiento urbanístico con unos mínimos parámetros de sostenibilidad y respeto al medioambiente.

En líneas generales, los suelos del Cortijo de Cuarto acogerán hasta 5.287 viviendas. Esta cifra, que se repartirá casi a partes iguales entre las promociones de pisos libres y las viviendas de protección oficial, atraería a una población potencial de 15.000 personas, a razón de tres personas por vivienda, habitante en un mismo punto geográfico. Un índice demográfico similar, o incluso superior, al de muchas localidades del entorno de la capital andaluza.

Los pisos se distribuirán en tres barrios distintos que se ubicarán de norte a sur en tres ámbitos diferentes. El primero se sitúa junto a los nuevos crecimientos previstos al norte del cauce del Guadaíra. El segundo -el llamado barrio Centro- va más cerca de Bellavista. Finalmente, aparece un barrio Sur alzado junto al Hospital de Valme, que, de esta manera, quedaría por fin integrado en el continuo urbano. El modelo urbanístico elegido es el de la ciudad compacta e integrada, mediterránea, con edificios de distintas tipologías y alturas -desde las cinco a las once plantas- y con itinerarios peatonales, una red ciclista ex novo y una plataforma propia de transporte público, si bien subsidiaria de la línea 3 del Metro, que no pasará de Los Bermejales.

Los usos residenciales se mezclan sin rubor con los equipamientos y las zonas terciarias, de manera que muchos edificios combinarán ambas actividades en un mismo enclave geográfico, salvo algunas unidades independientes que harán las veces de referentes simbólicos de cada uno de los barrios. Las distintas zonas ocupadas por las viviendas se relacionarán entre sí gracias a dos grandes parques de nueva creación: uno irá sobre el cauce del Guadaíra (un recinto verde equipado); el otro, el llamado Parque del Cuarto, será de naturaleza más interior. Irá junto a la ermita de Valme.

El otro elemento de conexión territorial será el nuevo eje viario Norte-Sur (35 metros de sección; dos viales por sentido) del que saldrán todos los caminos secundarios que permitirán dar servicio a las distintas zonas de residencias y equipamientos. Dichas vías de comunicación será más numerosas en el barrio central, dada la necesidad de unirlo funcionalmente con Bellavista. En los vértices norte y sur, en cambio, priman los trayectos peatonales y los viarios de uso restringido. Los aparcamientos, en algunos casos de entidad suficiente para dar servicios a núcleos ya existentes, como Bellavista o el hospital de Valme, se diseminan a lo largo de toda la actuación. Todos se diseñan bajo rasante para que la mayor parte del espacio público se dedique a la bicicleta y a los desplazamientos a pie. Los equipamientos incluyen hasta 90.376 metros cuadrados dedicados sólo a servicios terciarios. Una cantidad suficiente para que el Cortijo de Cuarto sea un importante foco de atracción metropolitana no sólo desde el punto de vista residencial, sino como centro de servicios, comercial y productivo.

La Inmobiliaria Metrovacesa tiene abierta una lista de espera en su página web, donde es posible apuntarse on-line para optar a una vivienda protegida en el sector Palmas Altas Sur de Sevilla, junto al Río Guadaíra. En total, la inmobiliaria está promoviendo más de 2.000 viviendas en ese sector, entre pisos, bloques y adosados.

La información sobre la promoción y la lista de espera se encuentran en este [enlace].

[ Descargar Guía de edificación sostenible para la vivienda ] (pdf 2,5Mb)

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco han editado la "Guía y el Código de Valoración de Edificación Sostenible para la Vivienda"., dirigida a todos los agentes que participan en el diseño, construcción y mantenimiento de edificios. Las recomendaciones, recogidas en más de ochenta fichas, podrían configurar los futuros reglamentos y condicionar nuevas certificaciones. En este sentido de fomento e incentivación, el Departamento que dirige Javier Madrazo promoverá en los próximos meses una línea de ayudas a la edificación sostenible, como medida que contribuya a garantizar el "etiquetado verde" de las viviendas a medio plazo.

Esta guía metodológica, considerada clave para desarrollar una construcción sostenible, es fruto del trabajo de coordinación de estos tres Departamentos del Gobierno Vasco, por medio de sus Sociedades Públicas VISESA (Vivienda y Suelo de Euskadi), ORUBIDE (Sociedad Gestora de Suelo), IHOBE (Instituto Vasco de Medio Ambiente) y EVE (Ente Vasco de la Energía) y tiene como fin último aumentar la eficiencia energética y reducir los impactos ambientales de los edificios a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas para la elaboración de materiales y componentes para la construcción, hasta que los edificios son demolidos y sus materiales valorizados o depositados en vertedero, estableciendo así una verdadera lucha contra el cambio climático.

La actuación edificadora tiene una gran influencia en la consecución de unos parámetros medioambientalmente sostenibles. En el ámbito residencial y sector terciario de la CAPV, el consumo de energía genera anualmente 3,6 millones de toneladas de CO2 (directos e indirectos), lo que supone el 17% de las emisiones totales de CO2 en la CAPV. Además, se producen anualmente entre 940.000 y 2.100.000 toneladas de residuos de construcción y demolición, de los que tan sólo se puede reciclar o reutilizar el 28%, mientras que el consumo de áridos se sitúa en torno a 16.300.000 toneladas.

Si a estas implicaciones ambientales le sumamos el dato de que en Europa la gente pasa el 90 % de su tiempo dentro de los edificios, entenderemos la importancia que tiene la publicación de la nueva Guía de edificación sostenible.

La publicación presentada recoge cerca de ochenta medidas o buenas prácticas que se pueden aplicar a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación. Además, propone una metodología de cálculo que permite valorar por medio de una puntuación y de acuerdo a unos parámetros preestablecidos, el grado de sostenibilidad del edificio.

Varios países de la UE las derriban o legalizan su ‘okupación'
DANIEL AYLLÓN - Madrid - 13/07/2008 23:48

El Ayuntamiento de Nimega (Holanda) ofrece alquileres gratuitos de pisos privados. Y no es el único. La legislación de Holanda permite la okupación de las casas vacías cuando llevan más de un año deshabitadas y sus propietarios prefieren cederlas de forma gratuita (con la mediación de la Administración) antes que encontrarse cualquier día con un inquilino sorpresa. Cuando esto ocurre, el dueño es el que tiene que demostrar que su inmueble no llevaba más de 12 meses deshabitado si quiere echar a los intrusos.

En Suecia, la batalla contra los pisos vacíos es más contundente todavía: para evitar que aumente el parque de viviendas vacías, se potencia su alquiler y, como última opción, se derriban. El país escandinavo se apoya en la premisa de que cada vivienda privada vacía incrementa el precio del alquiler protegido, lo que provoca un mayor desembolso de las arcas públicas. Así, si se minimiza el número de viviendas vacías, se reduce el desembolso público. Además, el Estado tiene casas de propiedad compartida con los inquilinos para controlar su precio, informa Niklas Almesjö.

Con este tipo de políticas, Holanda y Suecia han logrado mantener dos de las tasas más bajas de desocupación de las Unión Europea (UE), ambas cercanas al 2%.
Más vivienda social

Pero la mano dura también es frecuente en otros países como Reino Unido, Italia, Francia, Dinamarca o Alemania. Además, excepto Italia, estos países cuentan con potentes parques de vivienda de alquiler, sobre todo de carácter social.

En Alemania, se obliga a la rehabilitación de las viviendas y, en los municipios con más del 10% de hogares desocupados, la Administración también derruye los que no se pueden alquilar.

Las leyes francesa, italiana y británica añaden un rosario de penalizaciones para los dueños de viviendas vacías. En Francia, en las ciudades de más de 200.000 habitantes con una tasa de casas desocupadas superior a la media, población en crecimiento y menos oferta que demanda, la tasa de penalización es del 10% del precio del inmueble el primer año, 12,5% el segundo y el 15% el tercero y sucesivos. "En tres años, el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda", dice Javier Burón, consejero de Vivienda del País Vasco.

Por último, el Gobierno de Dinamarca impone desde hace más de 50 años multas para los propietarios de viviendas que lleven más de seis semanas vacías. Apenas 45 días. Las multas llegan incluso por no informar al Ayuntamiento de que el domicilio lleva seis semanas vacío.

La experiencia americana

Fuera de la UE hay otras ciudades como Altanta (EEUU) en la que los inquilinos no sólo no pagan, sino que cobran por vivir en casas ajenas. En algunos de sus barrios más degradados, los especuladores dan cobijo pagado a personas sin hogar para evitar las sanciones por tener casas vacías, según informa el semanario británico The Economist. Además, en Cleveland y Baltimore (como en Alemania y Suecia) también se derriban casas desocupadas. Son las medidas más severas para un problema global.

Las subvenciones para adquirir piso podrán disfrutarse a lo largo de 10 años · La Administración andaluza pagará a quienes ofrezcan arrendamientos con opción de compra · Las ayudas van de 65 a 9.000 euros
Carlos Mármol / Sevilla | Actualizado 15.06.2008 - 05:03


Es la gran iniciativa política de la octava legislatura autonómica. Un proyecto estratégico para que el PSOE pueda seguir manteniendo el poder en Andalucía a largo plazo. Y se nota. El nuevo Plan Andaluz de la Vivienda (2008-2012), cuyas líneas maestras fueron cerradas esta misma semana por la Administración regional y los agentes sociales (empresarios y sindicatos), y cuyo decreto de formulación definitivo será objeto de aprobación oficial por el Consejo de Gobierno de la Junta dentro de unas semanas, promete un más que generoso reparto de ayudas y subvenciones públicas prácticamente para casi todos los operadores del mercado inmobiliario. Propietarios, empresas, inmobiliarias, constructoras, inquilinos y entidades privadas recibirán, en mayor o menor medida, una notable inyección de subsidios procedentes de las arcas públicas -o de inversión privada canalizada por las instituciones de forma preferencial- para atenuar el impacto de la crisis inmobiliaria y, al tiempo, tratar de permitir que amplias capas de la población puedan acceder a una vivienda.

El Plan, cuya redacción inicial ocupa casi 70 páginas, sin incluir su memoria financiera, describe un largo rosario de programas de vivienda protegida cuyas vías de acceso son dispares (en función de la renta y la situación familiar) y a los que, por lógica, vienen a corresponderles distintas dotaciones económicas. Los diferentes programas, destinados por un lado a los promotores y por otro a los ciudadanos, tocan así casi toda la amplia casuística existente en el sector, aportando soluciones potenciales para las familias que quieran comprar un piso público -bien en régimen especial o general-, para las que opten por el alquiler como solución a sus problemas de residencia o para colectivos sociales significativos, como los jóvenes, los discapacitados u otros grupos en riesgo de exclusión social. Estas mismas políticas se incardinan también en el territorio urbano, al incluir programas de rehabilitación e incentivar aquellos proyectos de renovación de barriadas degradadas.

En general, la Junta podrá hacer dos cosas una vez se ratifique este decreto. Por un lado, canalizar todas las ayudas procedentes de Madrid -el Plan Estatal de la Vivienda, que es el que fija el marco global del juego inmobiliario- y, por otro, completarlas con su propia vía de subvenciones.

Las ayudas autonómicas consistirá en dos fórmulas: la obtención de un préstamo cualificado y, sobre todo, una serie de distintos subsidios a fondo perdido que permitirán que muchos de los demandantes de vivienda puedan reducir de manera notable el esfuerzo económico que supone la compra de un piso o el pago de un alquiler a precios de mercado.

Entre todas las subvenciones, llaman la atención dos: las que se aplican para la adquisición de vivienda y las correspondientes al alquiler, las dos vías masivas de acceso a un piso. En el primer caso, el plan autonómico permite recibir este tipo de aportaciones públicas hasta un máximo de diez años, aunque en dos periodos de un lustro cuya renovación está sujeta a autorización de la Administración. De esta forma, una familia, siempre y cuando cumpla los requisitos de renta establecidos, podría cobrar una ayuda durante una década para pagar las cuotas hipotecarias del piso protegido al que haya accedido por cualquiera de las modalidades existentes; bien mediante sorteo, bien mediante compra directa. Así, una familia cuyos ingresos anuales no superen aproximadamente los 15.507 euros tendrá derecho a una subsidiación de 250 euros al año por cada 10.000 euros del préstamo al que tengan que hacer frente. Mientras más financiación ajena se necesite más subvención se cobrará. Esto explica que otra familia que cobre entre 9.304 y 10.544 euros, recibirá unos 65 euros, aunque esta cifra podrá incrementarse en 50 euros más si tiene a su cargo a una persona dependiente o está compuesta por cinco o más miembros.

Las familias con los ingresos más bajos -aquellas que por ejemplo no ganen más de una vez y media el índice de referencia de renta (Iprem)- son las que, lógicamente, más reciben, al poder ingresar ayudas por hasta 3.600 euros al año. En los casos de municipios cuyo mercado inmobiliario sea más caro -las grandes capitales o la costa- esta cifra puede crecer hasta los 5.000 euros. Una cantidad considerable si se calcula en términos de una década, el máximo permitido. Estos subsidios se aplicarían en el programa de régimen especial.

En el caso del alquiler, sobre todo el correspondiente al programa de renta básica (aquel al que pueden acceder familias con menor nivel de ingresos), las aportaciones, junto a la financiación cualificada, consisten en una ayuda a fondo perdido de hasta el 40% del precio del alquiler durante un máximo de 25 años. Lo que supone una subvención durante un cuarto de siglo.

Los destinatarios de estos subsidios serán las familias con ingresos inferiores a los 9.304 euros al año, aproximadamente. Si se gana algo más, aunque por debajo de los 10.544 euros, esta cuota de subsidiación cae al 15%, aunque sin alterar el tiempo máximo de cobro. Ambos porcentajes se incrementarán en caso de que una familia de cinco miembros haya arrendado un piso superior a los 70 metros cuadrados -la media más o menos aceptada de una vivienda protegida- hasta poder llegar a suponer entre un 45% de la renta -para las hogares con menos salario- y un 25%, para aquellas familias cuya renta esté entre 1,5 y 1,7 veces el índice salarial oficial establecido, fijado en 2008 en 6.202,80 euros.

Cal-heart es la página web del California Institute of Earth Art and Architecture, donde exponen las investigaciones de la fundación, creada y dirigida por el arquitecto Nader Khalili en 1986. Su proyecto más singular es la Eco-Dome, una propuesta de vivienda auto-construida mediante adobe. Merece la pena ver el vídeo del montaje para hacerse una idea de la utilidad y la versatilidad de la propuesta.

Para poder participar en los sorteos de VPO hay que estarse atento a las convocatorias que salen en los tablones de anuncios de distintas administraciones, en los periódicos, páginas web, etc. Para facilitar esta tarea, traigo algunaos enlaces a páginas donde salen listados de las promociones de VPO activas en el momento, principalmente en Sevilla, si bien algunas páginas se pueden aprovechar para consultar las promociones en el resto de Andalucía.



Página web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, donde se ofrece el estado de las promociones de VPO de Andalucía, con enlaces e información específica de cada una de ellas.



El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ofrece dos listados, uno de concursos abiertos de adjudicación de viviendas protegidas (ver) y otro de convocatorias y concursos para la adjudicación de suelos para vivienda (ver).



Blog sobre promociones de VPO a nivel provincial. Contiene noticias de distintas promociones que han salido en anuncios, con enlaces a documentos de solicitudes y de información.



Página web con buscador para localizar distintas promociones de vivienda en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Muy útil y con bastante información sobre todo tipo de viviendas.

La obsesión española por ser propietarios es única en Europa - La ONU instará hoy al Gobierno a intervenir en el mercado

FRANCESCO MANETTO / LUIS DONCEL 10/03/2008
La obsesión por ser propietarios de la vivienda y la especulación han hecho de España un caso alarmante para las capas más desfavorecidas de la población. La ONU, en un acontecimiento inusual, llamará hoy la atención al Gobierno y le urgirá a intervenir en el mercado.

Enrique Vives vive con sus padres. Veintiocho años, un trabajo de mileurista. La única solución sería buscar un piso compartido en su ciudad, Barcelona, y gastar casi la mitad del sueldo en alquiler. Las ayudas de hasta 210 euros promovidas por el Gobierno no serían, además, suficientes para garantizarle la calidad de vida de la que goza en casa de sus padres, asegura. "Prefiero esperar", admite. Su prima Eva, en cambio, acaba de recibir las llaves con las que espera abrir una puerta al futuro junto con su pareja. Las llaves de una vivienda de protección oficial en las afueras de Granada, por la que empezará a pagar una hipoteca de 90.000 euros, un 40% menos de lo que le habría deparado un piso del mercado libre.

Las historias de Enrique y Eva reflejan de forma indirecta dos caras de las políticas de la vivienda en España. Ayudas a veces insuficientes y otras eficaces. Escasas oportunidades para alquilar y demasiadas viviendas en construcción. Centenares de miles de casas vacías, pero también un sistema de Vivienda de Protección Oficial (VPO) mejor organizado que en otros países europeos. Buena voluntad por parte de muchas administraciones y especulación por parte de otros tantos promotores. Aspectos negativos y positivos que, según un estudio de Naciones Unidas, mezclan los peores y los mejores hábitos de todo un sector.

España, en materia urbanística, parece un caos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los precios en Madrid y Barcelona han aumentado por encima del 100% en los últimos 10 años? ¿Qué tendrá que hacer el futuro Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda? A estas preguntas intenta responder un informe de la ONU que se presentará hoy en Ginebra ante representantes del Ejecutivo en la asamblea del Consejo de Derechos Humanos. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende... Todos los sectores de la sociedad, incluidos los promotores, los constructores, las agencias, los grupos de la sociedad civil deben participar en la realización de este derecho humano básico", cuenta el relator del estudio, Miloon Kothari.

¿Cómo? Según Naciones Unidas, el Gobierno no tiene más alternativas que "intervenir en el mercado de la vivienda y regularlo para garantizar un descenso de los precios de los inmuebles y del suelo". Y castigando con mayor determinación prácticas como la discriminación xenófoba y racial y la especulación. A finales de 2006, Kothari visitó España a invitación del Gobierno y tras haber recibido varias denuncias de algunas ONG; observó de primera mano la situación de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla o Zaragoza y se encontró con un panorama en muchos casos desolador. Casos de corrupción, mobbing inmobiliario, segregación residencial, especulación. Una de las causas del mal funcionamiento del sistema residiría en el éxito del modelo de vivienda en propiedad, que obliga a centenares de miles de familias "a gastar en hipotecas más del 40% de sus ingresos medios", explica el relator. Se trata de algo inédito en países como Francia, Reino Unido o Alemania, donde los jóvenes se emancipan de media cuatro años antes que en España. ¿Por qué?

Al margen de las razones económicas, según los expertos, se trata de una cuestión de hábitos sociales típicos del sur de Europa. Una de las características de nuestra sociedad son las fuertes relaciones de dependencia. Las ayudas familiares y los vínculos entre generaciones, más radicados que en otros países, determinarían así también nuestras prácticas residenciales: la compra de una vivienda, su localización y, sobre todo, la dilación de la edad de emancipación, que en algunos casos no se produce hasta los 35 años.

Si, por ejemplo, Enrique aprovechara las subvenciones públicas, podría en realidad emanciparse. No viviría holgadamente, tendría que hacer algunos esfuerzos, pero podría. Sin embargo, la falta de una cultura del alquiler suele retener a decenas de miles de jóvenes en casa de los padres hasta que pueden permitirse una vivienda en propiedad. Ya la ex ministra Trujillo reconoció a este respecto que "la insuficiente oferta de vivienda de alquiler y subvencionada constituye un grave problema": según los últimos datos, sólo el 6,3% de todas las residencias está en ese régimen, menos de la mitad de la media europea. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala, además, que sólo el 35,4% de las viviendas económicas en alquiler están realmente ocupadas por hogares "pobres".

Pero, ¿cómo ha podido prosperar la obsesión de los españoles por ser propietarios? El fenómeno se suele explicar con una infinidad de variables económicas, sociológicas e incluso psicológicas. Pero, al final, casi todas las respuestas se condensan en una frase mucho más sencilla: "Total, para pagar casi lo mismo por un alquiler, compro y el piso es mío". Lógica aplastante. Sin embargo, lo que aquí parece evidente, en Europa no lo es tanto. Mientras que sólo uno de cada 10 hogares españoles vive de alquiler, en la UE el porcentaje alcanza el 38%.

Llama la atención la unanimidad entre políticos y expertos a la hora de diagnosticar el problema -la escasez de oferta en el mercado- y las medicinas que podrían curar la enfermedad -aumentar el parque de vivienda social para inquilinos-. Si la respuesta es tan obvia, ¿por qué la proporción de alquiler se ha mantenido invariable en niveles raquíticos durante los últimos años? ¿Y por qué el parque público no representa ni un 1% del total, mientras que en Europa ronda el 18%?

"Todos los Gobiernos han dicho que querían impulsar el alquiler. Pero al mismo tiempo mantenían las ventajas fiscales a la compra. Ha habido una clara indefinición política", responde José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Este especialista cree que, ahora sí, el Ejecutivo ha entendido la necesidad de ponerse manos a la obra, con medidas como la ayuda de 210 euros para jóvenes o la deducción fiscal para rentas inferiores a 24.000 euros. "El riesgo ahora es que se subvencione demasiado un sector en el que la oferta es insuficiente. Esto, como sabe cualquier estudiante de primero de Económicas, sólo provocaría un aumento de los precios".

De todas formas, por ahora no habrá peligro en este frente, porque el sistema de vivienda en propiedad, público y privado, es todavía el rey del sector, lo que ha llevado a Naciones Unidas a dar la voz de alarma: "Aunque el precio de las VPO es más bajo que el precio de mercado, sigue siendo demasiado alto... Por tanto, el sistema parece beneficiar solamente a algunos grupos de la población que pueden permitirse una casa y deja de lado a los que no pueden comprar ni pagar hipotecas o alquileres", dice Miloon Kothari.

¿Por qué es tan negativo que el mercado de alquiler sea casi insignificante? Ante todo, porque la lógica aconseja diversificar el patrimonio. Y en España es habitual que los jóvenes se endeuden al 90% o el 100% para comprar un piso. "Es un absurdo desde el punto de vista financiero. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta", asegura García Montalvo.

El problema, en realidad, viene de lejos. De los años más negros de la posguerra, precisa el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver. La legislación franquista de los cuarenta congeló los alquileres. "Con las rentas estables y una inflación galopante, nadie en su sano juicio ponía un piso en el mercado", señala Oliver. Pero no sólo cuenta la ley, la sociología también tiene cosas que decir. El éxodo rural de los años del desarrollismo llenó las ciudades de personas procedentes del campo, que no concebían la idea de alquilar. Además, las tasas de inflación de entonces y las hipotecas a tipo fijo que concedían habitualmente los bancos aconsejaban a cualquier consumidor sensato optar por la compra.

En los ochenta y noventa se liberaliza el mercado del alquiler dando más derechos a los propietarios. Pero, como recuerda el informe del relator de la ONU, esta política tampoco ha dado el resultado esperado. Con la crisis de los ochenta, y las tasas de paro por las nubes, la creación de nuevos hogares se ralentiza, y también lo hace la salida al mercado de nuevos pisos. Y así se llega al auge inmobiliario de la última década. Los tipos de interés pasan en pocos años del 17% al 3% de 1999. Con una inflación controlada y tasas de empleo al alza, la decisión racional es endeudarse... para comprar.

El escaso desarrollo de los instrumentos financieros contribuye, además, a que las familias consideren que su piso no es sólo el sitio donde duermen, sino también un seguro de vida. Así, el rechazo al alquiler se perpetúa en la psique española hasta bien entrado el siglo XXI. La pregunta ahora es si España dejará de ser diferente, también en esto, en los próximos años.
Un sector de contradicciones

- Artículo 47 de la Constitución. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

- La ONU. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este contexto, debe recuperarse su función social y aplicarse el artículo 47".

Sobre cómo aprovechar el espacio de las azoteas, para crear pequeñas viviendas y generar recursos extra para la comunidad del bloque...





Para más información, consultar la página web Recetas urbanas.

11/01/2008
La reforma del Plan de la Vivienda beneficiará a 250.000 familias

La modificación facilitará el acceso a las políticas de vivienda a más familias de rentas medias y bajas, incrementará la actividad de los promotores en el mercado de la vivienda protegida e impulsará la rehabilitación y el alquiler.



El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reforma el Plan de Vivienda (PEV) 2005-2008, que tendrá un coste estimado de 75 millones de euros y facilitará el acceso a la vivienda a 250.000 familias, que se suman a las 620.000 que ya se han beneficiado desde el inicio de la legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, aseguró que esta reforma "no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada", al adecuar las medidas contempladas en el PEV a la realidad de las familias y del mercado.

Entre las principales novedades está la introducción de la figura de alquiler protegido con opción a compra, que hasta ahora sólo existía en algunas comunidades autónomas.

Con esta nueva modalidad, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda, en tanto que tendrán preferencia para adquirirla quienes hayan permanecido en ella al menos cinco años.

Junto con la inclusión de esta figura, destacan las mayores facilidades que tendrán los promotores para vender, tanto en el mercado libre como en el protegido, sus viviendas en ‘stock’.

En este sentido, se reducirá a un año (hasta ahora eran dos) el plazo necesario para poder calificar como protegida las viviendas inicialmente concebidas para el mercado libre.

Se reducirán también los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, con lo que las promotoras que no vendan sus casas en el plazo de un año tendrán la posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el PEV.

Asimismo, se actualizan los precios de las viviendas protegidas, las de régimen especial y las de precio concertado, al tiempo que se mejoran las condiciones de financiación para sus compradores, lo que favorecerá la venta de viviendas libres como protegidas.

De esta forma, el precio básico del módulo de vivienda protegida subirá el 4,12 por ciento, al pasar del 728 a 758 euros por metro cuadrado, en tanto que el tipo de interés de los préstamos concertados pasa del 4,35 al 5,09 por ciento y su plazo de amortización se amplía por encima de los 25 años.

El objetivo de la actualización de precios es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias (hasta 6,5 veces el Iprem, lo que equivale a 3.316 euros mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a rentas más bajas (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale a 1.273 euros al mes por hogar).

Por otra parte, se ampliará el programa de préstamos subvencionados para los constructores que promuevan alquiler protegido, con lo que más empresas podrán beneficiarse de unas condiciones financieras mejores a las del mercado.

Dentro del impulso al alquiler, se eliminará el límite de superficie y aumentará el de renta tanto para acceder a la ayuda de 6.000 euros prevista para quienes alquilen sus pisos vacíos, como para conseguir la ayuda de 240 euros mensuales destinada a los inquilinos.

En lo que respecta al impulso de la rehabilitación de centros históricos y urbanos, la reforma posibilita a promotores y particulares el acceso a préstamos protegidos, con un interés del 5,09 por ciento.

Además, se amplía el concepto de áreas de rehabilitación, con la creación de la figura de áreas de renovación urbana, en las cuales se podrán derribar viviendas que se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas.

Las primeras VPO intergeneracionales –es decir donde conviven jóvenes y mayores y donde hay incluso instalaciones comunes– están en La Rinconada. Se trata de 51 apartamentos amueblados construidos en el núcleo urbano de San José y que suponen el estreno de un nuevo concepto de vivienda protegida en la comunidad autónoma.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, y el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández (PSOE), entregaron las llaves de 49 de estas 51 VPO hace unos días. Son en régimen de alquiler: 14 para mayores independientes y a 35 jóvenes. Han quedado dos por adjudicar, el primero adecuado para personas con discapacidad motriz y otro que se mantiene en reserva. Para los jóvenes son las plantas altas y para los mayores los bajos.

Estos inmuebles estaban destinados a vecinos de La Rinconada con ingresos inferiores en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Las edades en el caso de los jóvenes no superan los 35 años y en el caso de los mayores no son inferiores a los 60. En todos los casos, los adjudicatarios no superan nunca la cantidad de dos personas por unidad familiar. Tanto para los jóvenes como para los mayores el alquiler mensual ronda los 120 euros.

Por otro lado, en lo que respecta a los perfiles, los adjudicatarios tienen en el caso de los jóvenes una edad media de 27 años y poseen más de 15 de empadronamiento en el municipio. El nivel de ingresos oscila entre 0,7 y 0,9 veces el Iprem y la mayoría residen en la actualidad con sus padres. En el caso de los mayores, presentan una edad media de 67 años, con entre 10 y 15 de empadronamiento en el municipio. Su nivel de ingresos oscila entre 0,9 y 1,1 veces el Iprem y viven en su mayoría en régimen de arrendamiento.

Estos apartamentos tienen 40 metros cuadrados y cuentan con cocina completa, cuarto de baño con todos los complementos, salón amueblado y dormitorio con cama de matrimonio. Igualmente, el edificio incluye zonas comunes como una lavandería, una sala de lectura y una cafetería, que compartirán mayores y jóvenes.