Desde la aprobación de un decreto en 2008 se han adecuado a la normativa 248 ayuntamientos, el doble de los que se revisaron en los primeros seis años. El Defensor del Pueblo reconoce el esfuerzo.
13/12/2010. Diario de Sevilla.

La necesidad de contar con suelo para dar cumplimiento a la hoy discutida Ley de Vivienda abrió en enero de 2008 una vía rápida para que los ayuntamientos adaptasen sus planes urbanísticos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Esta norma entró en vigor en enero de 2003 y otorgó un margen de cuatro años para que los municipios adaptaran a ella sus planeamientos. Superado el plazo, no se admitirían modificaciones parciales ni otras gestiones que requirieran permiso autonómico.

La Junta abrió esta vía ya que a finales de 2008 sólo 116 localidades, el 15%, se habían adaptado. Este porcentaje llevaba ya cierto tiempo inalterable .

Pero con el decreto puente abierto por la Junta para que los ayuntamientos adaptasen parcialmente sus PGOU y librasen suelo para VPO, 248 municipios -el 71% de los PGOU- han desbloqueado sus planes.

El boom de la adaptación parcial, según los últimos datos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ha elevado al 45% los municipios con PGOU adaptados a la normativa urbanística. No suman ni la mitad de los ayuntamientos, pero en ellos residen el 70% de la población andaluza.

Otros 186 ayuntamientos andaluces tienen los trabajos de adaptación por esta vía rápida en diferentes estados de tramitación, por lo que la Junta confía que, en los próximos meses, un 70% de los municipios tengan ya su PGOU desbloqueado.

El Defensor del Pueblo ha reconocido recientemente los esfuerzos llevados a cabo por la Junta en este sentido. En un escrito remitido a la Consejería, a la que previamente se le había requerido para informar sobre el estado de adecuación de las localidades al marco normativo andaluz, esta institución destaca que "las iniciativas adoptadas no pueden ser sino objeto de una positiva valoración".

La oficina que dirige José Chamizo reconoce que la aplicación de estas medidas ha conllevado que "la poca satisfactoria posición inicial haya variado substancialmente al abrirse un dinámico proceso de redacción de planes y adaptaciones a la LOUA". Por todo ello, el Defensor del Pueblo insta a la Consejería a que "este dinámico proceso siga siendo objeto del mayor impulso, de manera que, en el menor plazo posible, la situación urbanística de los municipios se encuentre plenamente normalizada".

El atajo abierto por la Junta tiene el fin de dar cumplimiento a su plan de vivienda. Podrá contar a corto y medio plazo con una disponibilidad de terreno para la construcción de 227.000 viviendas protegidas. La disponibilidad de suelo era el primer paso que se marcó la Junta para dar cumplimiento al Pacto por la Vivienda firmado en 2007 con ayuntamientos, sindicatos, empresarios y entidades financieras con el objetivo de poner a disposición 300.000 VPO en el plazo de diez años.

El cumplimiento exacto de este plan se discute. Por una parte porque sólo seis de las 33 entidades financieras firmantes -las cajas andaluzas, BBVA y la Caixa- han mantenido el compromiso y están liberando créditos. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, ha anunciado una próxima reunión para saber que está pasando, al igual que hicieron sus antecesores en este departamento sin demasiado éxito. Antes se reunirá con promotores de vivienda pública y los ayuntamientos para trazar y revisar el plan.

Una revisión que puede ir en la dirección de primar el alquiler por encima de la venta de VPO. El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anotó hace dos semanas que la demanda vira hacia el alquiler y en lugar de 132.000 VPO en cuatro años (2008-2012) podrían sólo ser necesarias entre 60.000 y 70.000.

Para el presidente de la Federación andaluza de Municipios (FAMP), Francisco Toscano, sin embargo "las necesidades actuales no varían mucho de las antiguas", es decir, las viviendas protegidas inicialmente comprometidas siguen siendo hoy necesarias. "Aunque nos quieran vender el tema del alquiler, lo que cualquier español de a pie quiere es la propiedad; otra cosa es que económicamente se esté en condiciones de afrontar el gasto", afirma Toscano, que achaca los problemas de la VPO a la falta de financiación por parte de las entidades financieras.

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